El Periódico

LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Infanta en el banquillo

Arranca este lunes el juicio del año, en el que Cristina de Borbón será juzgada como presunta cooperadora del 'caso Nóos'

Iñaki Urdangarin, que se enfrenta a 19,5 años de prisión, será de los últimos en prestar declaración

Infanta en el banquillo

AFP

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en una boda de la familia real de Suecia, en 2010.

Domingo, 10 de enero del 2016 - 19:51 CET

Es el juicio del año. Su trascendencia es evidente por la repercusión que el proceso judicial ha tenido en la institución monárquica española. La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, se sentarán a partir de este lunes en el banquillo de los acusados por presunto fraude al fisco y la supuesta malversación de fondos públicos a través del Intituto Nóos, una entidad aparentemente sin ánimo de lucro que percibió un total de 6,6 millones de euros de diferentes administraciones, la mayoría de los gobiernos de Baleares y Valencia.

El fiscal considera que la hermana del Rey Felipe VI no ha cometido delito, mientras el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, le atribuye dos delitos de su marido contra Hacienda, por lo que reclama ocho años de cárcel. Está previsto que el juicio duré hasta, al menos, el 30 de junio. Los intentos de pacto que se han producido han fracasado, según fuentes cercanas al proceso.

LOS EJes deL CASO

  • Los líderes. La acusación pública sostiene que el máximo organismo del Instituto Nóos que tomaba las decisiones era el comité de dirección, formado por Urdangarín y Torres. “Estas personas conformaban un círculo cerrado de toma de decisiones”, tanto a los proyectos a desarrollar, como el área laboral, financiera y contable. Eran, en palabras del fiscal, “los líderes indiscutibles”. Como subordinados tenía a otros acusados.
  • Intereses Comerciales. “El Instituto Nóos operó como un instrumento jurídico al servicio de los intereses comerciales de Torres y Urdangarin”, relata el fiscal. Y las instituciones públicas “contrataban, convenían o patrocinaban en atención a la garantía y confianza derivadas de la presencia de Urdangarín” y, en menor medida, por razones obvias, de Torres. “En definitiva, para los responsables del Instituto Nóos el ejercicio de actividades económicas y la obtención de un beneficio no han sido nunca un medio para alcanzar otros objetivos, sino el objetivo en si mismo”, relata.
  • Desviar fondos. El escrito del fiscal agrega que los “recursos económicos generados” por el Instituto Noos, procedentes de organismos públicos y compañías privadas”, fueron destinados a “nutrir entidades mercantiles propiedad” de Urdangarin y Torres, que “era el verdadero objeto fundacional y no la creación de un grupo de trabajo o task forcé para desarrollar un programa de investigación”, un propósito “que nunca se llegó a iniciar”.
  • La posición social. El Instituto Nóos percibió del gobierno balear presidido entonces por Jaume Matas 2,3 millones de euros de subvenciones para organizar dos congresos internacionales en 2005 y 2006, a semejanza del que en el 2004 se había celebrado en Valencia. “En la decisión de Jaume Matas de beneficiar al Instituto Nóos influyó de forma decisiva la posición social y área de influencia” de Urdangarin, apunta el fiscal.
  • Subvenciones públicas. El convenio de colaboración entre Nóos y el Gobierno balear para la celebración del foro en 2005 se firmó sin contar con los requisitos legales. Y de los 1,2 de millones de euros percibidos de la administración autonómica y los 90.000 de patrocinio privado, la suma global del “dinero desviado”, según el fiscal, asciende a 736.726 euros. Al año siguiente, tampoco se tramitó expediente administrativo alguno y el Ejecutivo de Matas aportó un poco más de un millón de euros. La acusación calcula que los acusados desviaron otros 618.274 euros. El fiscal describe una práctica similar en la celebración de congresos de Valencia, donde el gobierno aportó 3,5 millones de euros.
  • Juegos europeos. El fiscal también cita otras supuestas irregularidades en la preparación de la candidatura de Valencia como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, que no se celebraron y por el que el gobierno valenciano abonó 380.000 euros. Además, reseña otras anomalías en el seno del Instituto Nóos, traspaso de empleados entre sociedades vinculadas y la existencia de trabajadores que no han prestado servicio alguno, a pesar de estar dados de alta en la seguridad social. Asimismo, detalla la existencia de posibles facturas ficticia, así como la creación de una estructura fiduciaria opaca con sede matriz en un paraíso fiscal.

DOCTRINA BOTÍN

El tribunal de la Audiencia de Palma tendrá que tomar de entrada una de las decisiones más importantes. La defensa de la infanta Cristina, el equipo formado por Miguel Roca, Jesús Silva y Pablo Molins, intentarán sacar del juicio a la hermana del Rey alegando la falta de legitimación del sindicato Manos Limpias para acusarla cuando la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de Hacienda, y la Fiscalía Anticorrupción no lo hacen. Es la denominada doctrina Botín. Fuentes del entorno de la infanta aseguraron a este diario que éste será el argumento que esgrimirán los defensores en las cuestiones previas, que se inician este mismo lunes. La Fiscalía Antocorrupción también exigirá se aplique la doctrina Botín.

Además, la infanta sustenta su defensa en que se fiaba de su marido y que delegó en él la gestión económica de la familia y de las sociedades conjuntas. “Nunca he recibido de la Agencia Tributaria un tratamiento diferente. Por ser hija del Rey (Juan Carlos) me han sometido a un mayor control y siempre he cumplido”, llegó a decir en su declaración. Es de suponer que el abogado de Urdangarín también planteará otras cuestiones previas, aunque no se han desvelado cuales serán.

Por su parte, el abogado Manuel González Peeters, que defiende los intereses de Diego Torres, exsocio de Urdangarin, tiene preparada una batería de argumentos para intentar anular el proceso para que su cliente quede exculpado. Uno de ellos es que la causa contra su cliente se ha construido en base a los documentos que el mismo Torres aportó al juzgado obligado cuando se les requirió. Por lo tanto, al entender de la defensa, el proceso es nulo por la vulneración del derecho de defensa. Otra de las cuestiones que planteará es que se ha utilizado para el proceso información aportada a la Agencia Tributaria, cuando no se puede. Además, hará mención a la denegación de determinadas diligencias testificales o documentales.

LAS DECLARACIONES

Tras la decisión del tribunal de si la infanta Cristina debe ser o no juzgada y sobre las peticiones de nulidad del proceso judicial que soliciten el resto de los acusados (18 en total), está prevista la declaración de los imputados. El primero será José Luis “Pepote” Ballester, el que fuera director general de Deportes del Gobierno balear entre 2003 y 2007.

Urdangarin, que se enfrenta a una petición del fiscal de 19,5 años de prisión, declarará de los últimos, aunque la lista la cierta (en el caso de que al final sea juzgada) la infanta Cristina. Justo antes del cuñado del Rey será interrogado su exsocio, Diego Torres, que se enfrenta a una petición de la fiscalía de 16,5 años de prisión.

Como testigos desfilarán desde Carlos García Reventa, exsecretario de la infanta, hasta José Manuel Romero, duque de Fontao y asesor de la Casa Real, pasando por altos funcionarios de la misma, el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberà, o el alcalde de Madrid, Aberto Ruíz Gallardón.

FISCALÍA EXCULPA A CRISTINA

La posición de la Fiscalía Anticorrupción respecto a la infanta es clara: desconocía el origen ilícito de parte de los fondos que nutría la mercantil Aizoon, “controlada y gestionada de hecho por su cónyugue”, Iñaki Urdangarin. Por ello solicita su exculpación, aunque le pide como un responsabilidad civil conjunta con su marido de 587.413 euros, al estimar que fue un mero elemento “decorativo”, pero que se lucró de los negocios de su esposo.

En cambio, Manos Limpias reclama para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos contra Hacienda por valor de 337.138 euros cometidos en el 2007 y el 2008 a través de la empresa Aizoon, que comparte con su esposo, y además una multa de dos millones.

EL INSTITUTO NÓOS

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que a partir del año 2003 aparece la vinculación ocupando su presidencia. Como vicepresidente figura Diego Torres, como tesorero Carlos García Revenga (exsecretario de la infanta) y como vocal Cristina de Borbón, la hermana del Rey. Urdangarin ocupa el cargo hasta el 2006, momento en el que cesa, aunque solo de forma aparente, ya que siguió vinculado a dicha asociación hasta mediados del 2008.

Al entender del fiscal, la única finalidad perseguida con la creación del Instituto Nóos por parte de Urdangarín y su socio Torres “era contar con la cobertura” que brindaba una asociación que “formalmente” no perseguía ánimo de lucro (“una especie de ONG dedicada a proyectos sociales”) a los siguiente efectos:  tener acceso a ayudas, subvenciones públicas o convenios de colaboración de entidades públicas otorgadas de forma directa; “rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación” y “evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos”.

La empresa Aizoon, a medias entre Urdangarin y la infanta, percibió una parte del dinero desviado por “servicios ficticios de muy diversa índole”. 

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