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La UE indaga si la trama del 3% malversó fondos europeos
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
La Unión Europea (UE) indaga si la trama del 'caso 3%' malversó fondos europeos. Así se desprende de dos oficios del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que depende del Ministerio de Hacienda, remitidos al juez de El Vendrell Josep Bosch, que investiga el presunto pago de comisiones a la extinta CDC por la adjudicación de obras públicas. Este organismo solicitó datos e información sobre, al menos, ocho operaciones licitadas entre el 2009 y el 2012. El togado rechazó la petición amparándose en que la causa estaba bajo secreto.
El servicio antifraude español solicitó al juez datos sobre las obras por un requerimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) un organismo dependiente de la Comisión Europea que protege los intereses financieros de la UE. En el primer oficio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que data de marzo del 2016, se comunica al magistrado que la OLAF había tenido conocimiento de su investigación de la trama del 3% y que, según la información aparecida en prensa, se centraría en ocho licitaciones de obra pública (ahora son 19).
El motivo de la intervención de la OLAF, según el requerimiento, es la posible cofinanciación con fondos públicos de esas obras. La oficina antifraude de la UE ya esta analizando los datos de los que dispone, pero necesita, para completar las pesquisas, información de El Vendrell. Abrirá formalmente una investigación si se demuestra que ha habido "fraude, corrupción y otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros" de la Unión Europea.
En el caso de que se comprobaran las irregularidades, la UE podría seguir dos vías para reclamar el dinero. Una seria exigir su devolución al Estado español por no haber velado por la inversión, y otra, personarse en la causa del 3% como acusación para reclamar los fondos a los investigados. El servicio antifraude español volvió a requerir en junio del 2016 los mismos datos
DECLARACIÓN VOLUNTARIA
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sugirió en enero al juez de El Vendrell que, si considera que el diputado del PDECat y 'exconseller' de Justícia Germà GordóGermà Gordó pudo haber cometido un delito, la ley le permita ofrecerle la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, compareciendo en la causa e, incluso, declarar voluntariamente.
Fuentes jurídicas han asegurado que el juez se está planteando esta posibilidad, mientras que la Fiscalía Anticorrupción apuesta por presentar un nuevo informe al juez de El Vendrell (todavía no lo han hecho) y que este remita al TSJC la parte del proceso que afecta al político. Tanto la fiscalía como la Guardia Civil consideran que Gordó presuntamente intervino en la adjudicación de obras públicas que están bajo sospecha por el supuesto pago de comisiones al partido por parte de varias constructoras. El 'exconseller' siempre lo ha negado.
El auto del TSJC que sugiere al juez de El Vendrell la posibilidad de que Gordó declarara de forma voluntaria (así lo hizo el TSJC con Francesc Homs en el proceso por la consulta del 9-N antes de remitirlo al Tribunal Supremo) rechazaba la petición de los fiscales de que se investigara al parlamentario y se registraran sus oficinas y casas.
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