Los escándalos económicos

Imputados el alcalde y el edil de Urbanismo de Alcanar, de ERC

Esquerra estudiará el caso para decidir si les suspende de militancia

Alfons Montserrat.

Alfons Montserrat.

SÍLVIA BERBÍS / ALCANAR

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El juzgado de instrucción 4 de Amposta citó ayer a declarar la próxima semana al alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, y al concejal de Urbanismo, Manel Martí, ambos de ERC, en calidad de imputados para esclarecer supuestos delitos contra la Administración Pública. La citación judicial llega una semana después del registro que 30 agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo durante casi 15 horas en el Ayuntamiento de Alcanar para requerir información sobre contrataciones de obras en los últimos años.

Montserrat y Martí comparecieron ante los medios después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hiciera pública su imputación en la causa, que investiga las actuaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo en el consistorio, a raíz de una denuncia presentada en el verano del año pasado. El alcalde aseguró que, además de los dos cargos políticos en activo, también se ha citado a declarar como imputados a ocho personas más, entre las cuales hay trabajadores o extrabajadores municipales y un excargo electo. «Se está llamando a toda aquella gente que en un momento u otro han formado parte de las mesas de contratación en los gobiernos de ERC», apuntó Montserrat.

El alcalde republicano puntualizó que, más allá de la citación ante el juez, ni él ni el concejal de Urbanismo han recibido ninguna interlocutoria de impugnación exponiendo los cargos que se les imputan, «ni que hay unos hechos objetivos que son de naturaleza penal y que son atribuibles a la persona en cuestión», ha señalado Montserrat.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / Con todo, el alcalde y el concejal de Urbanismo se mostraron completamente tranquilos: «Cuanto antes empiece todo esto, antes acabará», afirmó Montserrat. ERC, según expuso ayer el secretario general adjunto del partido, Lluís Salvadó, no tomará ninguna decisión en torno a las imputaciones mientras el juzgado no concrete los delitos que se atribuyen a los cargos electos. La dirección republicana defiende la inocencia del alcalde y de su equipo de gobierno.