ICV-EUiA exige la dimisión de Torres-Dulce por "ceder al chantaje del PP"
Los ecosocialistas anuncian que se autoinculparán como "coautores intelectuales y materiales" del 9-N
El portavoz adjunto de ICV-EUiA, Joan Mena, ha exigido este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por "haber cedido al chantaje del PP" con su decisión de querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Por su parte, la coordinadora de ICV Dolors Camats ha avanzado que su grupo se autoinculpará ante la fiscalía como "coautores intelectuales y materiales" del proceso participativo.
Torres-Dulce ha conseguido este miércoles el apoyo casi unánime de la cúpula del ministerio público para iniciar acciones legales contra Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la 'consellera' de Educación, Irene Rigau, por la supuesta comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la consulta.
La coalición ecosocialista considera que la presentación de esta querella contra el proceso participativo del 9 de noviembre supone un "ataque" al derecho de autodeterminación y al "conjunto de los catalanes", por lo que "ha exigido la dimisión hoy mismo" de Torres-Dulce.
"Si el fiscal general del Estado se cree la institución que representa, lo que debería hacer hoy mismo es presentar su dimisión, porque hoy tenemos una Fiscalía que está de rodillas delante del poder político que representa el PP", ha argumentado el portavoz adjunto de ICV-EUiA en la cámara catalana.
Mena ha considerado, asimismo, que con la decisión del Torres-Dulce "se está intentando disfrazar jurídicamente un problema que en realidad es político".
PERSECUCIÓN POLÍTICA
Camats ha asegurado en una rueda de prensa que la querella es un error del ministerio público y del Gobierno central cuyo objetivo es "una persecución política contra el derecho a decidir".
A su juicio, la querella "no tiene base jurídica" y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se esconde detrás de la mayoría absoluta, la Constitución y su legalidad, y ahora tras la fiscalía".
Finalmente, Camats ha considerado que "sería un error responder con la judicialización del proceso" a un "conflicto estrictamente político".
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