El Gobierno ordena suspender las declaraciones de las víctimas del franquismo ante la justicia argentina

El 2 de marzo de 1974, a las 9.40 horas,Salvador Puig Antichera ejecutado, con 25 años, en elgarrote vil de la Modelo deBarcelona. Una de sus hermanas,Marçona, estaba citada a declarar este miércoles, junto a una docena de víctimas del franquismo, ante la jueza argentinaMaría Servini. Pero una llamada telefónica del embajador argentino enMadridlo ha impedido. La jueza ha suspendido temporalmente las citaciones para comparecer por videoconferencia desde el Consulado argentino enMadrid después de que el embajador le haya expresado el malestar del Ejecutivo español. Servini es la instructora de laquerella presentada contra dos ministros deFranco, dos jueces y cuatro policías por delitos degenocidioy lesa humanidad.

La Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes de franquismo (Red-Aqua) ha expresado su sorpresa por la suspensión de las declaraciones. Según ha explicado a Europa Press el abogado de los querellantes,Carlos Slepoy, el Ministerio de Exteriores emitió una queja al embajador deArgentinaen España,Carlos Bettini, porque esta diligencia se había efectuado sin comunicación previa al Estado español y sin comisión rogatoria.

Un momento histórico truncado

Los citados como testigos se han enterado de la suspensión ordenada por el Gobierno cuando ya se encontraban en el Consulado y después de que, en un primer momento, se les comunicara que había problemas técnicos para realizar las videoconferencias. A su juicio, este "escollo" supone "una piedra más en el camino" para las víctimas del franquismo, que creían estar viviendo un "momento histórico" por tener la oportunidad de ser oídas por primera vez por un tribunal.

Antes de conocer la noticia, la hermana de Puig Antich había denunciado ante los medios de comunicación que el Ejecutivo "no ha resarcido su memoria y ha pasado página" de un crimen que pide que no permanezca "impune". Marçona Puig Antich había dicho sentirse "desamparada" por la justicia española y confiaba en que la puerta abierta en Argentina sea "la definitiva".

"Llevamos intentándolo por todos los caminos posibles y siempre ha habido negativas y negativas", apuntó. La hermana de uno de los últimos ejecutados en el garrote vil durante el franquismo pide que se reconozca que el proceso y el juicio al que fue sometido su hermano fue "rocambolesco" y alega que no se revisaron pruebas ni se explicó por qué fue juzgado por un tribunal militar.

Un país concienciado

La abogadaAna Messutiexpuso, en declaraciones a los periodistas, que las víctimas han acudido a la justicia argentina porque "han visto cerradas las puertas de la justicia española" y porque en aquel país sí hay "conciencia del principio de jurisdicción universal".

Además deMerçona Puig Antich, este miércoles estaba citado a declarar Pedro Fausto, cuyo padre fue asesinado a los 29 años de edad, así comoPablo Mayoral, procesado por un juzgado militar en una causa en la que se pidió pena de muerte para tres de sus compañeros y se fusiló a uno de ellos.

Ministros de Franco, jueces y policías

Los querellantes piden a la justicia argentina que impute aRodolfo Martín Villa, quien ocupó varios cargos durante el franquismo, y a los ministrosJosé Utrera Molina--suegro del actual ministro de Justicia,Alberto Ruiz-Gallardón-- yFernando Suárez, así como a los juecesRafael Gómez ChaparroyJesús Cejas Mohedano.

La acción judicial también está dirigida contra los agentes de la Brigada Político Social (BPS)Juan Antonio González Pachecho, alias 'Billy el Niño', y José Ignacio Giralte González; contra el escolta Celso Galván Abascal y el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por "consentir" torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

La comparecencias ya habína sido suspendidas hace unos días tras no haber recibido la oportuna notificación, según la Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes de franquismo (Red-Aqua), que agrupa a más de 70 colectivos.

Un bebé robado

Este jueves estaban también citados a declarar Hilda Farfante, hija de maestros desaparecidos en 1936; María Remedios Palomo, nieta de un alcalde republicano ejecutado ese mismo año, y Andoni Txasko, quien perdió el ojo derecho tras ser apaleado por la policía. Las declaraciones continuarán los próximos 15 y 16 de mayo. Entre los testigos citados el día 15 se encuentra Soledad Luque, hermana gemela de un bebé robado.