Hacienda vuelve a exonerar a la infanta y atribuye el fraude fiscal a Urdangarin

La Agencia Tributaria ha vuelto a exonerar a la infanta Cristina de la comisión de delitos fiscales al atribuir toda la responsabilidad a su marido, Iñaki Urdangarin. En su último informe enviado al juez José CastroJosé Castro, que lo ha remitido este miércoles a las partes, Hacienda apunta que el duque de Palma fue quien "actuó con engaño" para defraudar 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008, y no las empresas que le retribuyeron por servicios de asesoría, como defiende Urdangarin.

En el informe, la Agencia Tributaria señala que el marido de la infanta Cristina "actuó con engaño en dos elementos decisivos". Se refiere a "la descripción de los servicios facturados" y a "la identidad del sujeto emisor de las facturas, puesto que quien factura (Aizoon SL) no es la persona miembro del consejo, sino una sociedad interpuesta por el sr. Urdangarin con el objeto de eludir la tributación progresiva del IRPF que se ha demostrado puro artificio".

"Un artificio defraudatorio"

Para la Agencia Tributaria, estamos ante "un artificio defraudatorio ideado por Urdangarin". No se establece mención alguna a su socia en Aizoon, la infanta Cristina, a quien el fisco mantiene al margen de las maniobras de su esposo. Este criterio de Hacienda, compartido por la Fiscalía Anticorrupción, ha sido cuestionado durante la instrucción por el juez Castro y las acusaciones populares, por apreciar que, sin el consentimiento de la hija del Rey para constituir Aizoon, los delitos fiscales en las declaraciones de renta del 2007 y el 2008 que se atribuyen a Urdangarin, no podrían haberse cometido.

La transferencia a Ucrania

Mientras, el juez ha suspendido las declaraciones como testigos de los directivos de Telefónica que estaban previstas para el próximo 31 de mayo, y a las que se había opuesto el fiscal Pedro Horrach. El instructor del 'caso Nóos' accede a dejar sin efecto "de momento" las citaciones de Enrique Medina, director de la Asesoría Jurídica de Telefónica España; Santiago Fernández, alto ejecutivo de la compañía de España S.A., y la alta ejecutiva de la empresa Ana Zaforas.

Castro sí interrogará al empresario que denunció haber recibido por error en un banco de la ciudad ucraniana de Odessa una transferencia de 12 millones de euros ordenada por la compañía de comunicaciones y que sospecha que tenía como destinatario a Urdangarin. En función de la verisomilitud de su declaración, apunta el juez, citará o no a los directivos de Telefónica.