La Guardia Civil defiende en un informe la sedición de las protestas de BCN

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no tiene aún el atestado de la Guardia Civil que solicitó para investigar la denuncia del fiscal por el delito de sedición. Pero es fácil saber por dónde irá viendo el que el Instituto Armado presentó en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, para explicar cómo la "masa", alentada por Assemblea Nacional Catalana (ACN) y Òmnium Cultural, impidió el pasado día 19 que se trasladara a los detenidos a las sedes registradas para que asistieran a la diligencia y dificultó las medidas de seguridad necesarias para garantizar el trabajo y la seguridad de la comisión judicial. El documento señala que la Guardia Civil pidió en seis ocasiones, sin éxito, a los Mossos que intervinieran para garantizar la seguridad.

Además, destaca cómo los voluntarios con peto verde de la ANC sí dejaron pasar a la 'Conselleria' de Economía al presidente de esta organización, Jordi Sànchez, al de Òmnium, Jordi Cruixart, al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y al diputado de JxSí Lluis Llach, que acababan de conminar a la multitud a resistir. En cambio, se negaron a hacer posible cualquier medida que garantizara la seguridad de la comisión judicial con la creación de un perímetro de seguridad. Su "intención" era "impedir su movilidad", hasta el punto "de imposibilitar el cumplimiento de las gestiones y diligencias ordenadas por el juez". Ello "se evidenció en la imposibilidad de poder trasladar a los detenidos a los registros para que en el ejercicio de sus derechos estuvieran presentes".

Roll negociador

La concentración se convocó a través de whatsapp con el lema "para 'aturar' (parar a) la Guardia Civil". El atestado insiste en el papel de las dos organizaciones soberanistas para avituallar a los concentrados, dirigirles "arengas" y el roll "negociador" que desarrollaron con los mossos y los agentes de la Guardia Civil. Destaca que mientras "se encargaron de abrir un corredor para permitir la entrada y/o salida de personalidades del gobierno catalán", no lo hicieron "para permitir la salida de la comitiva judicial".

Sànchez y Cuixart "tenían un poder efectivo sobre la gente concentrada, pues aquellas propuestas que realizaron fueron capaces de hacerlas". Sin embargo, las que les propusieron las fuerzas policiales para que no existiera riesgo sobre las personas "no sólo no las realizaron, sino que promovieron el cerco y el sitio todo lo posible".

18 horas sitiados

El informe, de 89 páginas, incluye los testimonios, whatsapps, tuits y correos electrónicos en los que sustenta el delito de sedición, que no se imputa en las actuaciones seguidas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, pero sí en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por la jueza Lamela.

En uno de ellos, un teniente de la Guardia Civil destinado en Catalunya que participó en el registro realizado en la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda y denuncia cómo estuvieron "18 horas sitiados". En su relato cuenta cómo a las 9.15 horas se entrevistó con la intendente de los Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, para que movilizara las unidades necesarias para la seguridad ciudadana, habida cuenta de la concentración de personas que se estaba produciendo. En total fueron seis las solicitudes de atención desatendidas en ese punto de Barcelona.

A las 10.45, "aumentó el número de manifestantes con actitud agresiva, subiéndose a los coches oficiales estacionados y lanzando objetos no contundentes". Fue la tercera vez que se dirigió a los Mossos para pedir que alejaran a los manifestantes, pero estos le comunicaron que no podían y que "su intención era mantener la situación". A las 12.30 los coches de la Guardia Civil ya fueron atacados. La intendente dijo entonces que estaba "valorando cómo realizar una posible intervención". 

Un inspector de los Mossos fue quien condujo a Sànchez hasta el teniente de la Guardia Civil. El presidente de la ANC le dijo que no podía permitir que entraran los detenidos en la sede de la Generalitat y también se negó a que la masa se alejara cuatro metros del edificio para que los agentes pudieran hacer un cerco. Por la tarde entre la multitud se vio a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al diputado de ERC Joan Tardá. 

A las 00.45 horas los agentes evacuaron a la letrada de la administración de Justicia (antes secretaria judicial) a través de la azotea a un teatro próximo para que se mezclara con el público que había asistido a la función. A las 4.30 horas, los Mossos hacen un cerco que permite salir a todo el personal de la investigación. Una hora antes los manifestantes cargaron contra las puertas de edificio.