La Guardia Civil acusa a la Junta de ocultar datos del 'caso ERE'

La Junta de Andalucía «sacó información comprometida» de varios expedientes solicitados por la jueza que investiga el caso de los ERE y rellenó otros datos que faltaban antes de remitirlos al juzgado, según afirma la Guardia Civil en un exhaustivo atestado incorporado al sumario.

La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado ha analizado el funcionamiento de la Consejería de Empleo entre el 2001 y el 2011, periodo en el que se cambió «de forma injustificada» el sistema de concesión de subvenciones a empresas en crisis por un nuevo procedimiento que, según los agentes, «facilitaba el descontrol absoluto de las ayudas» y «evitaba cualquier fiscalización». Coincidiendo con la tesis que defiende la jueza instructora, la Guardia Civil cree que el nuevo mecanismo lo conocían todos los escalafones del Gobierno autonómico.

AYUDAS «ILÍCITAS» / Según los investigadores, el exdirector general de Trabajo encarcelado por este caso, Francisco Javier Guerrero, inició el procedimiento y concedió ayudas «ilícitas» y «discrecionales» a conocidos y a empresas de su comarca aprovechando la debilidad del sistema, pero fueron sus jefes, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández --este también en prisión--, quienes «promovieron» las últimas subvenciones.

El atestado afirma precisamente que Fernández y su segundo, Agustín Barberá, llegaron a ser conscientes de que los expedientes tenían una tramitación y una gestión «irregular». Sin embargo, «a pesar de su gravedad, no lo denunciaron».

La UCO propone que se investigue más a fondo la gestión del director de Trabajo entre el 2010 y el 2012, Daniel Rivera, de quien dice que, pese a las sospechas fundadas en la consejería de que las prejubilaciones individuales eran ilegales e incluían intrusos, mantuvo algunos de los acuerdos para pagar esas ayudas e incluso les dio forma. Una actuación que llegó en una época en la que el escándalo ya había empezado a asomar por los juzgados.

ALTOS CARGOS / El informe descarta que se destruyera información para que no llegara a manos de la jueza. No obstante, sí da por hecho que en noviembre del 2010, con el caso de los ERE presente en los medios de comunicación, una serie de altos cargos revisaron los expedientes y apartaron información «comprometida o de interés para la investigación». Los informes, concluyen, no se mandaron al juzgado tal cual estaban.

Tras la incorporación de este atestado, la jueza ha paralizado la toma de declaraciones para estudiarlo en profundidad por si se pudieran derivar nuevas imputaciones.