La vocación de José Antonio Griñán en esta legislatura no era ser el ariete de la oposición del PSOE al Gobierno. Su intención era demostrar que se puede gobernar en tiempos de crisis sin tocar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia. Es decir, quería aprovechar su continuidad al frente del Ejecutivo andaluz para visualizar una política alternativa a los tijeretazos del PP. Y quería hacerlo al tiempo que promovía un gran acuerdo de Estado, al estilo de los pactos de la Moncloa, en el que participaran todos los partidos, los sindicatos, los empresarios y las organizaciones civiles, para mandar así una imagen de unidad a los mercados y al directorio europeo.
Crítico 8 Griñán, el 1 de agosto, en una rueda de prensa en la que denunció el «maltrato» a Andalucía. EFE / EDUARDO ABAD
Información publicada en la página 16 de la sección de Política de la edición impresa del día 21 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)
Sin embargo, se ha convertido en el azote de Mariano Rajoy. «Pero lo es muy a su pesar», asegura el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien explica que Griñán es una persona mucho más proclive a la cooperación que a la confrontación y que aunque no busca el enfrentamiento con el Gobierno del PP «no le queda más remedio» porque no está nada dispuesto a dejar que «ahoguen» a Andalucía.
La múltiple condición
Que Griñán estaba destinado a encarnar la oposición al Gobierno, por la vía de ponerlo en evidencia o por la del abierto enfrentamiento, es una realidad derivada de su múltiple condición de presidente de la comunidad autónoma más grande, secretario general de la federación en la que milita el 25% de los socialistas, y de ser uno de los pocos dirigentes del PSOE, junto al vasco Patxi López y el asturiano Javier Fernández, que todavía dispone de poder institucional después de la doble derrota electoral del 2011. El PSOE perdió comunidades autónomas, ayuntamientos y el Ejecutivo central, y además, el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, se quedó con un grupo parlamentario de tan solo 110 diputados, el peor resultado de la historia de los socialistas desde la transición.
Griñán y Rubalcaba trabajan en equipo. Como en su día Manuel Chaves con Joaquín Almunia y José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, durante los gobiernos de José María Aznar y pese a que el PSOE tenía más poder institucional, Chaves se convirtió también en el flagelo del PP, porque Andalucía es la comunidad más importante del PSOE y su principal bastión en la oposición.
En el entorno de Griñán, no obstante, aseguran que el presidente andaluz ni ha querido, ni quiere la confrontación con el Gobierno del PP, y señalan que es la actitud del Ejecutivo central con Andalucía la que le obliga a ponerse firme.
La cooperación y el portazo
El paradigma de esa explicación estaría en las dos últimas jornadas de julio. El 30, Rajoy recibió a Griñán y este salió de la entrevista hablando de cooperación institucional. Al día siguiente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sorprendió con un techo de deuda que resta más de 2.700 millones de euros a los Presupuestos andaluz, mientras da mayor margen a comunidades mucho más endeudadas, como la valenciana. La consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, se fue dando un portazo.
En el «cordial» encuentro de la víspera, Rajoy no le había dicho nada a Griñán, y cuando el andaluz le llamó después para quejarse, el presidente del Gobierno le aseguró -según fuentes socialistas- que él no sabía lo que iba a plantear Montoro. Pero la lista de agravios que acumula el Ejecutivo andaluz comienza antes, incluso, de las elecciones autonómicas, cuando el Gobierno central paralizó las oposiciones a maestros y recurrió la subasta de medicamentos.
En la Junta piensan que con el cierre del grifo presupuestario el PP pretende «ahogar a Andalucía y Asturias». Con un doble objetivo: dejarles sin recursos y por tanto impedir que apliquen políticas alternativas (que pasan por no recortar los servicios sociales), y dejar sin liquidez a las autonomías en general para echarles la culpa del probable rescate a España.