Hacia la e-democracia

El Govern está decidido a generalizar el voto por internet de manera progresiva. La ley para regularlo en el caso de los catalanes residentes en el exterior es solo un primer paso, porque la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, lo tiene claro: "Es de sentido común ir desplegando esta tecnología para votar, como lo ha sido para los bancos y las compras en general". Eso sí, paso a paso y comenzando por el voto exterior y continuando por, quizás, alguna prueba piloto con votantes locales.

De entrada, el Parlament ha dado luz verde a tramitar la ley que permita a los catalanes en el extranjero votar por internet. Se ahorrarían así el papeleo notable que supone el voto por correo mediante el sistema CERA de autentificación. Un sistema aprobado por el Gobierno del PSOE, que el PP y CiU contribuyeron a implantar y que pretendía una mayor complicación y control para evitar situaciones de fraude. El propio Govern se ha quejado ante los problemas burocráticos de gestión del voto CERA, que parece estar pensado para "desincentivar" el voto.

El voto digital por internet, según comenta Borràs, "es perfectamente seguro" y ha sido implantado "en Francia y Suiza, entre otros países". El sistema valida la autentificación de la persona que vota, al mismo tiempo que garantiza que no se podrá identificar posteriormente quién ha votado a cada partido. Además, se puede ejercer el voto en varias ocasiones y el sistema contabiliza como válida la última.

PP y Ciutadans han sido los dos partidos que se han opuesto a tramitar esta ley, que sigue adelante con el apoyo del resto de grupos: Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP. Acusan al Govern de invadir competencias y creen que no es un sistema seguro. Pero el Ejecutivo de Carles Puigdemont se defiende asegurando que la Junta Electoral Central (JEC), con la que se reunió, no ha puesto objeciones a la ley, salvo en el caso de que se quisiera aplicar mediante un reglamento.

Además, la propia JEC acaba de emitir un informe que aplaude la solución digital para los votantes en el extranjero siempre que se haga de forma paulatina, complementaria al sistema clásico y con garantías. "La medida sería en principio idónea y, dada la ineficacia del sistema actualmente en vigor, también necesaria para atender el fin constitucional de promoción de la participación política", afirma el informe, no sin advertir de riesgos como los ataques informáticos o los referidos a transparencia. Incluso apunta a la generalización: "No hay que descartar la utilización de internet como instrumento auxiliar al sistema tradicional de votación".

¿LISTO PARA EL REFERÉNDUM?

Preguntada sobre si el voto digital podría usarse para el referéndum de independencia, anunciado para septiembre del 2017, Meritxell Borràs responde que "no está decidido". "Ya se verá, la intención es que la ley esté aprobada y el sistema disponible en junio", añade, al tiempo que recalca que la intención inicial es usar el método para elecciones autonómicas.

Se dará el caso, si tira adelante la ley, que se implementará un sistema moderno para votar mientras Catalunya sigue sin disponer de un sistema electoral propio sistema electoral propio pese a disponer de competencias para ello desde 1980. Es la gran asignatura pendiente del autogobierno.

La 'consellera' defiende, pese a las tesis y advertencias del PP y Ciutadans, que el proyecto es plenamente constitucional. Otra cosa, asume, es que políticamente el Gobierno central decida llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Lo que sí es la ley es pionera a nivel español. Pero para Borràs "está claro que en un futuro se implantará este sistema igual que ahora ya se pagan muchas cosas por internet". Se trata, pues, de una cuestión de confianza, como la que ya generan a los consumidores los bancos a la hora de efectuar transacciones de dinero por internet "y la gente confía en ello", subraya Borràs.

Se da, además, la circunstancia que una de las empresas punteras a nivel internacional para implementar el sistema es catalana, Scytl. En todo caso, el Govern confirma que cuando la ley se apruebe se abrirá un concurso para decidir qué compañía se dedica a poner el práctica el sistema.