El Govern, "predispuesto" a retirarse de siete procesos judiciales contra activistas

El Govern está "predispuesto" a retirarse de siete procesos judiciales contra activistas, según ha garantizado este lunes la 'consellera' de Presidència, Neus Munté, en declaraciones a Catalunya Ràdio. Esta sería una de las medidas acordadas por Junts pel Sí y la CUP para facilitar la formación del Govern y la estabilidad parlamentaria, aunque no consta en el redactado definitivo del pacto hecho público, según revela este lunes el diario 'Ara'.

La CUP puso sobre mesa de negociación esta reclamación desde el principio, y la puso por escrito en noviembre en el documento 'Fil a l'agulla', en el que detallaba su plan de choque de 54 medidas para "tejer la independencia, urdir la justicia social y recoser democracias", que posteriormente se fue modulando. El punto 33 de este texto reclamaba la "retirada de la Generalitat como acusación de todos los procesos judiciales abiertos y pendientes por temas de persecución política, disicencia o desobediencia a leyes injustas, considerando que la acusación pública ya corresponde a las fiscalías".

Según revela el citado rotatitvo, tras un tira y afloja, Junts pel Sí ofreció finalmente a la CUP retirarse de siete procesos en los cuales están imputadas 40 personas: una protesta por una visita de Artur Mas a la Universitat de Girona en diciembre del 2011, en la que resultaron imputadas 12 personas; dos procesos por los disturbios en la huelga general del 29 de marzo del 2012 por quema de contenedores y ataques a comercios (con 10 y 2 diputados); otros dos procesos más por los choques en la huelga general del 14 de noviembre de ese mismo año, en los que una pelota de goma dejó sin ojo a Ester Quintana (2 imputados en Barcelona y 6 más en Girona); una acción contra la línea de muy alta tensión en Viladasens (Girona) en enero del 2014; y los disturbios por el desalojo de Can Vies, en mayo del 2014, en los que fueron detenidos 4 jóvenes, tres de los cuales han denunciado torturas.

Durante la entrevista que ha concedido este lunes, Munté ha asegurado que el Ejecutivo de Carles Puigdemont está "predispuesto" a "analizar diferentes procesos judiciales siempre y cuando no haya una lesión o un menos precio de los funcionarios y los bienes públicos".