El Govern recurre el pago de la enseñanza en castellano

El Govern aprobó ayer interponer un requerimiento de incompetencia contra el Ejecutivo central por el decreto que obliga a la Generalitat a correr con los gastos de la escolarización privada de los alumnos que pidan la enseñanza en castellano. Estos gastos también están previstos en la disposición adicional 38 de la ley de la mejora de la calidad educativa y contra la cual la Generalitat ya presentó recurso.

Si el Gobierno central responde de manera negativa a este requerimiento, que pretende salvar las competencias propias autonómicas, el Govern solicitará el dictamen preceptivo del Consell de Garanties Estatutàries para interponer un posible conflicto de competencias ante el Constitucional, según concretó ayer el conseller de Presidència y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs.

El decreto del Ministerio de Educación otorga al Estado la facultad de sustituir a las comunidades autónomas cuando estas no garantizan la enseñanza en castellano en una proporción «razonable», y establece que los alumnos que así lo soliciten serán escolarizados en centros privados y que el coste de tal escolarización irá a cargo de las arcas de la comunidad autónoma en cuestión, en este caso, de la Generalitat.

El Govern sostiene que el decreto supone una «invasión» y va en detrimento de las atribuciones de Catalunya en materia de educación y de lengua. Así, el requerimiento que presentará el Ejecutivo de Artur Mas concluye que el Estado no tiene las competencias para establecer este mecanismo que, además, comportará la «separación» del alumnado por razón de lengua, un hecho contrario al Estatut y a la ley de educación de Catalunya.

Asimismo, el Govern acordó ayer solicitar un dictamen al Consell de Garanties por un posible conflicto de competencias de un decreto del Gobierno que regula la producción de energía eléctrica a partir de fondos de energías renovables, cogeneración y residuos.