El Govern recopila todos los agravios del Estado a Catalunya

No es la primera vez que el Govern, el de Artur Mas o el de alguno de sus antecesores, ha procedido a enumerar todas las acciones que el Estado ha llevado a cabo, por acción u omisión, y que el Ejecutivo de turno ha considerado lesivas para los intereses de Catalunya. Pero sí es la primera vez que esta recopilación, en forma de informe y de título a medio camino entre el clásico literario y la pieza periodística, denuncia que esta catarata de medidas forman parte de un plan «premeditado» para ahogar a la Generalitat. Crónica de una ofensiva premeditada (con el subtítulo Crónica de una ofensiva premeditada Las consecuencias sobre las personas de Catalunya, ya se sabe que hoy todo pasa por lo social) desarrolla a lo largo de 100 páginas esta tesis. La oposición no soberanista respondió en tromba acusando a Mas de ser un «llorica (Ciutadans) o bien «victimista (PSC). El PPC, cuyo portavoz, Enric Millo, rasgó un ejemplar ante las cámaras, crítico la cultura del «odio» que el Govern de CDC pretende.

El informe se empezó a elaborar el 3 de marzo y lo ha coordinado la Conselleria de Presidència, que lidera Francesc Homs, y ha contado con aportaciones de todos los departamentos (también los de, hasta hace una semana, Unió). La consecuencia del memorial de agravios es, según el informe, que los catalanes quieren «decidir su futuro político». En el sumario se acusa al Estado de, además de pretender el «ahogo», «manchar y menospreciar» a Catalunya.

En el capítulo de ejemplos, la portavoz y vicepresidenta, Neus Munté, citó los 240 millones que el Gobierno central adeuda a la Generalitat en concepto de dependencia y que habrían permitido crear 13.000 plazas residenciales para gente mayor.

También los casi 4.000 millones no invertidos en infraestructuras, como mandaba la disposición adicional tercera del Estatut, y con los que «se hubieran podido hacer 20 lanzaderas ferroviarias entre Barcelona y el aeropuerto de El Prat», uno de los principales déficits en cuanto al transporte de pasajeros.

Y una adenda: el Estado ha cumplido al 100% con el plan de Cercanías de Madrid (de hecho, con todos los que ha programado), mientras que el grado de cumplimiento del equivalente barcelonés apenas llega al 7%.

El documento también cita que en estos 10 años el Gobierno central ha presentado 19 recursos al Tribunal Constitucional (TC) sobre leyes o decretos del Parlament, como el decreto de pobreza energética, el modelo catalán de comercio y el impuesto autonómico sobre depósitos bancarios. Nótese que todos ellos tienen un escaso valor simbólico y, en cambio, un alto contenido social.