Cambios en la Carta Magna

El Govern reclama que se limite también la solidaridad catalana

ICV-EUiA insta a CiU y al PSC a forzar un referendo sobre la modificación

JOSE RICO
BARCELONA

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Una vez clarificada su posición conciliadora respecto a la iniciativa de reforma de la Constitución, el Govern no quiere desaprovechar el debate abierto sobre la limitación legal del déficit y el gasto de las administraciones e introdujo ayer una reivindicación en clave catalana. La vicepresidenta del Ejecutivo de CiU, Joana Ortega, planteó que, puestos a fijar topes, el Gobierno español debería también acotar la solidaridad de Catalunya con el resto de España, a fin de reducir el déficit fiscal catalán.

A diferencia de otras propuestas escuchadas ayer por parte de algunos partidos, la reclamación de Ortega no debería incluirse en la modificación de la Carta Magna acordada entre el PSOE y el PP, sino en una ley orgánica. La número dos del Gabinete de Artur Mas quiso subrayar que Catalunya arrima el hombro cuando le corresponde. «Nosotros hacemos los deberes, ponemos límites al gasto, racionalizamos los costes y, por lo tanto, también hay que poner un límite a la solidaridad», concluyó en una entrevista en COM Ràdio.

La limitación del déficit fiscal catalán también es un frente de batalla de ERC, cuyo futuro presidente, Oriol Junqueras, sí es partidario de que la Constitución establezca el tope. En un apunte en su blog, el eurodiputado estimó que, sin déficit fiscal, las arcas catalanas presentarían «un amplio superávit cada año». Los republicanos consideran que es necesario un frente común para plantear una alternativa a los cambios anunciados en la Carta Magna.

CUESTIÓN DE SENSIBILIDAD / Un frente unitario promueve ICV-EUiA, que remitirá una carta a cada diputado y senador emplazándole a solicitar un referendo sobre la reforma. El líder ecosocialista, Joan Hererra, definió la modificación como un «golpe de Estado financiero». Desafió a los parlamentarios de CiU a «anteponer el país a la cartera», y a los del PSC, a demostrar «una mínima sensibilidad socialdemócrata» para reclamar la consulta ciudadana.