Cuando el president, Artur Mas, avisó en el Parlament el pasado miércoles de que los nuevos objetivos de déficit autonómico impuestos por el Gobierno van a «repercutir sobre la salud y la educación» en Catalunya, no hablaba por hablar. Según confirmó ayer la Conselleria de Economia, ya se ha comunicado a escuelas y centros hospitalarios que mantienen convenio con la Generalitat que el próximo abono mensual no lo recibirán, a no ser que en lo que queda de mes se logre una solución para inyectar liquidez a las arcas catalanas. Como avanzó ayer El Punt-Avui, las escuelas ya han sido alertadas al respecto. En su caso, el impago no afectará a nóminas sino al gasto corriente. La Conselleria de Ensenyament remitió las explicaciones a Economia, responsable última del pago de los conciertos educativos.

El 'president' Mas, junto a los 'consellers' Mena y Rigau, entre otros, ayer en una visita a las obras de un centro de FP en Martorell (Baix Llobregat). JORDI BEDMAR

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Información publicada en la página 20 de la sección de Política de la edición impresa del día 21 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Mucho más preocupante es la situación en los hospitales. Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), organismo que financia la sanidad pública catalana, comunicó ayer por teléfono a los directivos de las dos patronales de los centros concertados que «no cobrarán este mes», es decir, que la Generalitat no dispone de liquidez para pagarles los 345 millones de euros que recibe cada mes esta red asistencial.

56 HOSPITALES Y 60 CAP, AFECTADOS / Esto significa que los 56 hospitales públicos catalanes -todos los que existen menos los ocho del Institut Català de la Salut (ICS)-- que conciertan su actividad con el CatSalut, más 60 centros de asistencia primaria (CAP) y toda la red de centros sociosanitarios y de salud mental de Catalunya, sector que agrupa la Xarxa Hospitalaria d'Utilització Pública (XHUP), dejarán de recibir este mes los fondos con que pagan toda su actividad: desde los salarios hasta la asistencia médica de los enfermos o la factura de sus proveedores farmacéuticos y de material quirúrgico.

El pago que probblemente no reciban corresponde al pasado abril, ya que Salut paga a la XHUP con 90 días de retraso. Entre los centros afectados se encuentran los hospitales Clínic, Sant Pau, El Mar, la Esperança y Sant Rafael, de Barcelona. Los centros de la XHUP cubren la asistencia sanitaria del 70% de la población de Catalunya.Las dos patronales que agrupan a los centros de la XHUP, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC) y la Unió Catalana d'Hospitals, constituyeron ayer un discreto comité de crisis desde el que se envió un comunicado a todos sus asociados anunciándoles la suspensión del pago de julio.

TESORERÍA EN TENSIÓN / Los directivos de ambas patronales, no obstante, se mostraron ayer «confiados» en que la Generalitat «hará todo lo posible por hallar una vía de solución» antes de que acabe el mes de julio. «Confiamos que esta grave decisión económica no afectará a la asistencia que a diario reciben nuestros pacientes», afirmó un portavos del CSSC. «Si dentro de una semana se confirma que no cobramos este mes, la situación será muy preocupante, ya que la tesorería de nuestros hospitales y demás afiliados sufre serias restricciones desde hace más de un año», añadió el mismo portavoz.

Desde que Salut aplicó en el 2011 los recortes que redujeron en un 10% la actividad de todo el sector concertado -recorte mantenido en el 2012- muchos de estos centros mantienen a flote sus economías por medio de pólizas crediticias. Si la Generalitat no les paga este mes, dichos centros deberán optar o por no pagar a su personal o por no cumplir con sus proveedores.

Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó que el Gobierno está efectuando un «chequeo» de la situación de las finanzas autonómicas, sin que ello forme parte de un proceso de rescate. Montoro evitó enviar un mensaje de tranquilidad y apeló a la «lealtad» entre administraciones. Lo hizo después de que Mas haya elevado el tono por la «deslealtad» del Gobierno al no compartir con las autonomías el mayor margen de déficit que la Unión Europea ha concedido al Estado.