El Govern ve posible que Rajoy le retire la gestión de la policía

El Govern teme que la ofensiva recentralizadora del Ejecutivo de Mariano Rajoy pueda incluir en el futuro la decisión de eliminar el autogobierno catalán en materia de seguridad. Es decir, acabar con uno de los hechos diferenciales de Catalunya, solo compartido por el País Vasco:  la existencia de una policía autonómica. El conseller de Interior, Ramon Espadaler, estima que en el actual contexto de conflicto soberanista entre Catalunya y el Estado, planteamientos como el de la retirada de las competencias de seguridad, que «meses atrás parecerían inverosímiles», ahora configuran «un escenario que no tendríamos que descartar».

El temor del Govern se basa en las presiones centralistas que recibe el PP de Rajoy desde sectores del propio partido y desde fuerzas como UPD o la recientemente creada Vox, que según la Generalitat están haciendo mella en el Ejecutivo popular. Espadaler sostiene, en declaraciones a EL PERIÓDICO, que «hay mucha gente de ese ámbito, también en el PSOE y el PP, que se sienten profundamente incómodos por el hecho de que dos comunidades autónomas tengan competencias plenas en materia policial; hay quien lo considera un error». Por ejemplo, UPD ha sugerido al Gobierno que un primer paso antes de suspender la autonomía catalana si se mantiene la convocatoria de la consulta podría ser que el Estado asumiera el control de los Mossos para evitar que los agentes catalanes se dedicaran a custodiar el despliegue de las urnas.

MÁS GUARDIA CIVIL / El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha subrayado públicamente que ni los Mossos ni la Ertzaintza son policías integrales, aunque ambos gobiernos autonómicos las definan así. Además, desde el pasado año, la conselleria detecta la voluntad de la Guardia Civil y la Policía Nacional de recuperar visibilidad en Catalunya, mediante instrucciones directas de la delegada del Gobierno en Catalunya, María de los Llanos de Luna.

Las relaciones entre el Govern y el Ministerio del Interior pasan por un periodo de gran frialdad, tras conflictos como el de los supuestos informes policiales de la UDEF sobre cuentas en el extranjero de Artur Mas y de la familia Pujol, que se divulgaron en plena campaña de las elecciones catalanas del 2012. A ello hay que añadir iniciativas legislativas que, según la Generalitat, invaden competencias catalanas, como es el caso de la ley estatal de seguridad ciudadana. Espadaler, con todo, defiende la opción de intentar negociar cambios a estas propuestas legislativas del PP, como ha hecho el Ejecutivo catalán respecto a la ley estatal de seguridad privada en su tramitación en las Cortes.

Respecto a la nueva legislación española sobre seguridad ciudadana, una amplia mayoría del Parlament, con los votos de CiU, ERC, PSC y ICV-EUiA y la CUP, rechazó la iniciativa gubernamental porque «tiene como finalidad restringir de forma arbitraria el derecho a la manifestación pacífica de las reivindicaciones, pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica y es claramente invasiva de competencias propias del Govern y los entes locales». Por si fuera poco, esa misma mayoría aprobó, a propuesta de ICV-EUiA, la petición de dimisión del ministro de Interior por la tragedia de los inmigrantes en Ceuta.

LOS MOSSOS, CON LA LEY / Que el Ejecutivo de Artur Mas ve en la política de Rajoy una voluntad recentralizadora lo demuestra que, según un informe elaborado por técnicos del entorno de la Generalitat y avanzado por este diario, en la actual legislatura, de las 59 leyes aprobadas, más de dos decenas vulneran competencias o recortan el margen de maniobra de la Generalitat. Asimismo, de entre los 20 proyectos de ley que se están tramitando, al menos tres podrían incluirse en ese grupo.

Por otra parte, Espadaler garantiza que en un hipotético caso de conflicto con el Estado por la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre, en ningún caso la policía catalana vulnerará el marco legal estatal si se ha decidido suspender la celebración del referendo. No habrá choque de legitimidades y así lo ha aclarado Espadaler en una reciente reunión con los mandos de la policía catalana. «No habrá tensión por una razón muy simple: el Govern en ningún momento se ha planteado hacer una consulta ilegal. Siempre, en todo momento, el president, el Govern y los partidos que le dan apoyo han planteado la consulta amparada por la legalidad, y los Mossos lo que han de hacer es cumplir y hacer cumplir la legalidad». El antecesor de Espadaler en el cargo y actual conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, aseguró en octubre del 2012 que los agentes autonómicos estarían «al servicio» de la Generalitat en caso de prohibirse el referendo.

La creación de los Mossos es el fruto de una vieja reivindicación. Una ley del Parlament solemniza la voluntad de recuperar un modelo autónomo de seguridad, que se arrancó al Estado a partir de 1994. La influencia de Jordi Pujol sobre José María Aznar en los pactos del Majestic de 1996 sirvió para añadir a las tareas de los Mossos las competencias sobre la gestión del tráfico a partir de enero de 1997. Ahora todo ello, teme el Govern, está en el aire.