La Generalitat ha emprendido la vía judicial contra los recortes en materia de sanidad que el Consell de Garanties Estatutàries concluyó el pasado lunes que vulnera la Constitución, pero no renuncia a los ingresos adicionales que puede generar. El Govern presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra este decreto del Ejecutivo central que, no obstante, CiU continuará aplicando.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha confirmado la impugnación y ha defendido que las medidas se sigan ejecutando al tratarse de una ley que está en vigor. De hecho, ha cargado contra el PSC por reclamar la suspensión del decreto hasta que el TC se pronuncie al respecto.

En respuesta a un recurso de los grupos de izquierda, al que posteriormente se sumó el Ejecutivo de CiU, el Consell de Garanties dictaminó que varios artículos del decreto vulneran, entre otros puntos, las garantías de acceso universal a la asistencia sanitaria que están contenidas en la ley general de sanidad, de 1985, cuyos principios recoge el Estatut.

La jerarquía normativa

El citado decreto determina que, a partir del 1 de septiembre próximo, se requiera la condición de estar "asegurado" para acceder a la tarjeta sanitaria individual. La ley general de sanidad estableció que dicha credencial se concedería a todos los "ciudadanos" con residencia en España.

También cuestiona el altro tribunal catalán la posibilidad de que un real decreto ley, rango jurídico utilizado por el Ministerio de Sanidad, pueda modificar una ley general, como es la de sanidad.