El Govern evita dar instrucciones a secretarios e interventores locales ante el 9-N

La vicepresidenta Joana Ortega les contesta en una carta que todas las actuaciones deben adecuarse "a la legalidad aplicable"

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La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha evitado dar instrucciones a secretarios interventores de los ayuntamientos catalanes sobre las actuaciones ante la consulta del 9 de noviembre, que está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC).

La respuesta de Ortega, en forma de carta, responde a otra misiva de la presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors y Tresorers de la Administració Local de Catalunya, Maria Petra Sáiz, en la que le solicitaba que emitiese instrucciones sobre qué deben hacer mientras dure la suspensión de la convocatoria de la consulta del 9-N.

En la misiva, con fecha de 8 de octubre, Ortega responde que el Govern está llevando a cabo "todas iniciativas legalmente oportunas para hacer viable que el 9 de noviembre se pueda realizar la consulta inicialmente convocada".

Respecto a la petición de Sáiz, la vicepresidenta y titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals afirma que es "plenamente respetuosa con la autonomía local" y con las "funciones" que tienen asignados secretarios e interventores en función de las normativas. Por ello añade: "No me puedo arrogar la competencia de dar instrucciones sobre las actuaciones a realizar por los secretarios de ayuntamientos en el desarrollo de sus funciones".

En todo caso, la vicepresidenta manifiesta en la carta que las actuaciones a desarrollar "deben adecuarse en todo momento a la legalidad aplicable".

PETICIÓN DE INSTRUCCIONES

Sáiz había enviado una carta a Ortega con fecha de 1 de octubre en la que afirmaba que el colectivo de profesionales que representa es consciente del "momento histórico" que vive Catalunya y apoya el derecho a decidir de los catalanes. Sin embargo, ante la suspensión de la consulta por parte del TC, Sáiz pedía a la vicepresidenta instrucciones para secretarios, interventores y tesoreros con el fin de "dotar de seguridad jurídica" la actuación de los alcaldes y los funcionarios de los ayuntamientos de Catalunya.

Cabe recordar, asimismo, que la Delegación del Gobierno en Catalunya envió el pasado 7 de octubre una cartaDelegación del Gobierno  a los secretarios e interventories de los ayuntamientos catalanes otra misiva en la que les recordaba su condición de funcionarios de la Administración General del Estado y que tienen "la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en su ejecución".