El Govern sopesa firmar en bloque la compra de urnas en los próximos días

Sigue el juego del gato y el ratón entre el Gobierno español, decidido a impedir el referéndum, y la Generalitat y su ‘president’, que sostienen que el día 1 de octubre habrá urnas para dirimir si Catalunya ha de ser un Estado independiente. Una de las claves, la compra de urnas, puede estar a punto de resolverse y a favor de una actuación al estilo de la obra 'Fuenteovejuna'. Es decir, con la decisión del Govern en bloque de comprar definitivamente las urnas de metacrilato para hacer efectiva la <strong>consulta del 1-O</strong>. Mientras, la Generalitat ha presentado un recurso de súplica contra la querella por la licitación de las urnas.

Fuentes del Govern consideran probable que, en cuestión de días, se conozca esta decisión colegiada, con la que se trata de socializar las posibles consecuencias penales que pueda tener la compra de urnas. Cabe recordar que la fiscalía se ha querellado ya contra la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, y su exnúmero dos Francesc Esteve -hoy responsable del gabinete jurídico del Govern- por haber licitado el concurso previo a la compra de urnas.

El proceso de compra de las urnas puede tener la firma de todos los 'consellers' gracias a una enmienda introducida en la ley de los presupuestos de este año que permite a todo el Ejecutivo catalán constituirse en órgano de contratación en casos de proyectos transversales o causas de excepcionalidad.

Ahora se haría efectiva esta situación de excepcionalidad. La situación no es menor dado que Borràs y Esteve se enfrentan ya a los delitos penales de prevaricación, desobediencia y malversación. Este último delito es el que puede comportar penas de cárcel. Con la compra de las urnas por parte de todo el Govern se lanzaría, además, un mensaje de cohesión y de firmeza.

EL RECURSO

Mientras, este lunes la 'consellera' Borràs ha presentado un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de admitir a trámite la querella de la fiscalía contra ella por la licitación de urnas supuestamente para el referéndum. En su escrito, redactado por los abogados Pau Molins y Juan Segarra, la responsable de Governació señala que la acción de la fiscalía va contra un hecho que todavía no se ha producido, como es la compra o la adjudicación para obtener el material, Al entender de los abogados, ese "uso preventivo" del Derecho Penal, "dirigido a impedir aquello que supuestamente alguien hará en un futuro", tiene finalidades "claramente intimidatorias".

El recurso sostiene que el fiscal no solo ha presentado la querella por unos hechos que, "si fuesen delictivos", se integrarían, como mucho, en "la fase preparatoria más incipiente" de posibles infracciones penales "futuras", sino que algunas de las diligencias que pide la acusación pública "pretende la prueba de hechos que todavía no se han producido", como documentación de contratos o encargos "que no se han firmado" o el "compromiso o realización efectiva de gastos" que nunca se han realizado. "Es decir, no se pretende aclarar y castigar actos ya cometidos, sino conductas que, pretendidamente, todavía habrían de realizarse", señala el texto. Recuerda que si se sique adelante con el proceso contra Borràs se estaría vulnerando la justicia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los abogados de Borràs asegura que este "uso preventivo" de la justicia penal, "dirigido a impedir aquello que supuestamente alguien hará en el futuro", con "finalidades claramente intimidatorias", es incompatible con las premisas básicas del derecho penal que "nació con la ilustración y que ha llegado hasta nuestros días", al menos "en las sociedades sensibles con las libertades ciudadanas".

A su entender, el uso de una querella criminal para perseguir hechos de "producción futura" resulta contrario al principio de "responsabilidad penal por el hecho", que "impide castigar a las personas por sus ideas, sus pensamientos, las supuestas intenciones y, también, aquellas actuaciones hipotéticas" que presumiblemente pueden realizar más adelante. Además, dejan constancia de que "el proceso penal ha de investigar y eventualmente castigar hechos pasados y no es legítimo atribuirle finalidades policiales de prevención del delito".

¿UNA FUTURA CONSULTA PACTADA?

El escrito agrega que, como es conocido, "nos encontramos en un ámbito muy condicionado por decisiones y negociaciones políticas y no se puede descartar en absoluto que la futura consulta, ahora supuestamente ilegal, se llegue a celebrar algún día dentro del marco constitucional español, como siempre ha sido la voluntad de los miembros del Gobierno de la Generalitat". E incide en que algunos partidos políticos con representación parlamentaria y "que pueden acabar gobernando" defienden autorizar la consulta y "puede ser que algunos partidos ahora contrarios cambien de opinión en un futuro".