El Govern apurará la vía legal en España para defender el nuevo 9-N

E l Govern apurará todas las posibilidades legales en España para defender el proceso participativo del 9-N y cargarse de razones ante un eventual recurso posterior ante los tribunales internacionales. En esta línea, si el Tribunal Constitucional (TC) acepta la impugnación que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy contra el sucedáneo de consulta, los servicios jurídicos de la Generalitat presentarán alegaciones que pongan en evidencia la actitud del Ejecutivo popular. A saber: «Apelar continuamente a la ley, y después utilizarla a conveniencia», en palabras del conseller de Presidència, Francesc Homs, ayer en Catalunya Ràdio.

El president Artur Mas ya dijo el viernes que emprendería acciones legales contra Rajoy por «abuso de poder», sin concretarlas. Ayer, Homs explicó que los servicios jurídicos trabajan este fin de semana para preparar el recurso ante el TC y otras acciones que sirvan para «desenmascarar»el mal uso de las leyes por parte del Gobierno central. Prácticamente la misma acusación que Rajoy hace a Mas.

Al margen de la batalla legal, el Govern ya lo tiene todo a punto para el 9-N. Los organizadores del proceso alternativo aseguran que aunque el TC lo suspendiese, la Generalitat no tendría que llevar a cabo ninguna acción adicional porque el camino está trazado: las urnas y las papeletas, hechas; los voluntarios ya han sido instruidos, y los colegios e institutos, preparados para que los abran funcionarios.

Queda en el aire si la Generalitat dará instrucciones de parar las votaciones si el TC (respondiendo a eventuales requerimientos adicionales por parte del Gobierno) así lo indica de forma tajante y directa. No hay una decisión previa tomada, responden fuentes del Govern consultadas al respecto. Dependerá lo que dictamine el TC exactamente el martes.

ORDENADORES A PUNTO / Mientras, la logística está en marcha. Los voluntarios saben que cada ordenador dispondrá de una clave concreta para acceder al sistema de datos con los que comprobar si los electores son o no vecinos de esa zona, según lo que indique el DNI. Las máquinas no estarán conectadas en red. El material está impreso desde hace semanas. Es el mismo que existía ya para la consulta sobre la que Mas firmó el decreto el 27 de septiembre. Y no hay instrucciones precisas a los voluntarios que sean funcionarios públicos, para evitar exponerlos a situaciones comprometidas legalmente. Los más de 6.000 servidores públicos quedan diluidos en el grueso de los 40.000 voluntarios que han respondido a la cita del Govern.

El caso es que la ebullición social es imparable, afirman en la Generalitat. El mejor ejemplo es el llamamiento de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para que se acuda a los colegios de votación el próximo domingo pase lo que pase. Por ello, es imposible que el 9 de noviembre se convierta en una jornada normal. Habrá movilización.

Al tiempo, el Govern es consciente de que no puede poner en un compromiso legal a los participantes en el proceso participativo si las amenazas del TC son directas. Una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo de Mas es que la decisión del alto tribunal o alguna medida del Gobierno del PP incluya también órdenes ejecutivas para que los Mossos d'Esquadra se encarguen de evitar la celebración del proceso participativo. La decisión de mantener o no las votaciones se tomará en cuestión de horas, y contra reloj respecto al día d. En el Govern sopesan solamente la posibilidad de bordear la ley, nunca traspasarla. Una alternativa podría ser mantener las colas ante los colegios electorales y promover la firma de una denuncia por parte del mayor número posible de cargos electos catalanes contra el Gobierno ante las máximas instituciones internacionales.

Sobre la decisión que adopte el Govern esta semana pesará la presión que ejercen políticamente ERC y la CUP, que exigen desobedecer al Estado. Algo que el Govern no hizo ante la suspensión decretada por el TC hace un mes. Esta vez Mas se amparará en una nueva reunión del Pacte Nacional pel Dret Decidir, con partidos y entidades.

Mientras esa decisión no llegue, la previsión del Govern es mantener la campaña previa, del mismo modo que Convergència sigue programando actos en favor del sí-sí, y la ANC y Òmnium se movilizan incansablemente hasta el mismo 9-N. La semana, pase lo que pase, será de infarto.