El Govern pretende anclar el decreto del 9-N en la Constitución

El president de la Generalitat, Artur Mas, guarda con celo sus cartas antes del paso decisivo que supondrá la firma del decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Y busca bazas para intentar que la partida no termine antes de empezar. Según fuentes gubernamentales, una de las opciones que baraja el president es incluir en el decreto una serie de anclajes legales para tratar de sortear su anulación por parte del Tribunal Constitucional. Entre ellos, referencias a la Constitución española como marco en el que, en todo caso, se llevaría a cabo el proceso de negociación si triunfara el sí-sí. En paralelo, partidos y entidades preparan ya su campaña independentista con el caso escocés como referencia.

Sin duda, el debate soberanista es político antes que jurídico. Pero Mas nunca ha eludido su voluntad de ser respetuoso con el marco legal vigente para lanzar el mensaje de pulcritud democrática ante la comunidad internacional. No en vano, el de la legalidad es uno de los principios invocados por la declaración de soberanía aprobada por el Parlament el 23 de enero del pasado año.

Reformar la Constitución

En este sentido, según fuentes del Govern, es posible que el decreto de convocatoria, que Mas firmará en cuanto la ley de consultas sea publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, exponga una cuestión clave: que el proceso que pone en marcha la consulta entra dentro de las competencias de la Generalitat porque se limita a recabar la opinión de la ciudadanía, algo distinto a unas elecciones o un referéndum, donde se invoca la participación política de todo el censo electoral. Y que con el 9-N se está instando al Govern a que, tras la consulta, decida cómo tomarla en cuenta. Por ejemplo, intentando llegar a la independencia por vías legales, es decir, reformando la Constitución.

No en vano, el conseller de Presidència, Francesc Homs, afirmó en una entrevista en la Cope el pasado febrero que la consulta «no generaría una situación jurídica nueva, sino un proceso de negociación en el que se debería, si fuera el caso, plantear la reforma de la Constitución». Existen análisis jurídicos, no publicados, que inciden en esta idea para sortear la inconstitucionalidad de las preguntas del 9-N: se trataría de dejar claro que todo el proceso desembocaría en que el Govern plantease al Estado la reforma de la Carta Magna, algo para lo que sí dipone de competencias.

Otro de los instrumentos legales que podría recoger el decreto es la propia doctrina del Tribunal Constitucional, cuando sentenció el pasado mes de marzo que la declaración de soberanía del Parlament vulnera la Carta Magna pero que el derecho a decidir es plenamente constitucional: «El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento -dice el fallo-, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable».

Mas invocará en todo momento los principios democráticos. Y en el decreto, que el Govern guarda con celo, se fijarán también las condiciones para ejercer el voto. Tal como obliga a hacer la ley de consultas, el texto de la convocatoria indicará quién puede ejercer el voto (mayores de 16 años, residentes en el extranjero previamente registrados, inmigrantes de la UE con un año de residencia y extracomunitarios con tres años de residencia acreditada), las reglas específicas de la consulta y las modalidades de votación. Es improbable que se incluya el voto electrónico en este caso.

'Yes Catalonia'

Pero tan importante es la batalla legal para no dar argumentos al TC contra la consulta como la difusión de la misma de forma inmediata. Al día siguiente de la publicación de la convocatoria habrá anuncios publicitarios institucionales del Govern. Mientras, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ultima con los partidos favorables a la independencia una campaña conjunta, tal como confirmó ayer CDC. Por el momento, sin embargo, Unió no está en este bloque porque todavía no ha fijado su posición.

La campaña por el sí-sí tendrá el mismo tono que la del Yes Scotland que protagonizaron conjuntamente el Partido Nacional Escocés, diversas plataformas cívicas -feministas, de inmigrantes- y el movimiento Radical Independence, entre otros. Unió, invitada ayer mismo a una reunión preparatoria, sigue manteniendo la incógnita sobre qué preferencia de respuesta adoptará. En todo caso, ICV presenta hoy su propia campaña política cara al 9-N.