El Gobierno valenciano, a la deriva

Alberto Fabra tiene un problema:el PP de la Comunidad Valenciana. Con su liderazgo en cuestión, las encuestas en contra y el goteo de bajas por corrupción, al presidente valenciano se le hace cuesta arriba gobernar en la recta final hacia las elecciones autonómicas del 2015. A falta de ocho meses para los comicios en los que el PP se juega perder 20 años de hegemonía, en el partido muchos pesos pesados han decidido saltar del barco antes de que se hunda. Y quienes siguen reman a la deriva, agarrados a las instituciones mientras pasa la tormenta judicial de Gürtel, Nóos, Brugal, Emarsa y otros tantos casos en los que el PP de toda una época -de Eduardo Zaplana al propio Fabra- ha quedado retratado.

Aun así, Fabra insiste en que quiere ser candidato del PP a presidir la Generalitat. Pero en Génova nadie lo ha confirmado y en Valencia sus propios compañeros le cuestionan hasta en público. Un ejemplo: el presidente valenciano se enteró por la prensa de la reunión —con foto oficial incluida- que Rita Barberá y Mariano Rajoy mantuvieron hace unos días en la Moncloa. Barberá no ha explicado de qué habló con el presidente, pero ya no cabe duda sobre a quién prefiere Rajoy como interlocutor para los asuntos valencianos.

Fabra tuvo que encajar el ninguneo de Rajoy la misma semana en que la oposición le ha señalado como responsable de la compra por la Generalitat de la empresa organizadora de la Fórmula 1, Valmor Sport, con deudas de unos 50 millones. No es el único caso en el que Fabra podría resultar imputado, ya que la Fiscalía le investiga por la adjudicación del centro de convenciones de Castellón a Santiago Calatrava en su etapa de alcalde.

Con este ambiente, Fabra sorprendió esta semana con una salida de tono impropia de un presidente: «Una galleta no es motivo para que no vaya en listas», dijo riendo, sobre su diputada Elisa Díaz, procesada por propinarle una bofetada a una mujer a la que presuntamente dejó sorda. El ejercicio de la violencia queda, pues, fuera de las presuntas «líneas rojas» esgrimidas por Fabra para excluir a los suyos de las listas.

Pero hace tiempo que la firmeza de Fabra está en entredicho. El ejemplo más llamativo es el de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, imputada en dos casos de corrupción por haber beneficiado al constructor Enrique Ortiz. Castedo no dimite y ha avisado de que, si se va, morirá «matando».Y no es el único caso de insumisión en las filas populares. En Les Corts, de los 11 diputados imputados que llegaron a contarse en las filas del PPCV, Ricardo Costa y Yolanda García, ambos señalados en Gürtel, siguen en el escaño. Rafael Blasco, Hernández Mateo, Díaz Alperi, Milagrosa Martínez, Alicia de Miguel, Angélica Such y David Serra se fueron una vez condenados o al filo del procesamiento. Eso sí, cada cual cuando ha querido, dilatando los tiempos de la justicia.

A las bajas por corrupción, hay que añadir otra decena de diputados populares que ha abandonado Les Corts para dedicarse a la actividad privada. Hasta el presidente de Les Corts, Juan Cotino -que lo ha sido todo en el PP valenciano y que está contra las cuerdas por varios frentes judiciales-, ha insinuado que pronto dejará el cargo. El descuelgue es tan grave, que el PPCV corre el riesgo de agotar la lista confeccionada para las autonómicas del 2011 antes de que acabe la legislatura.

Partido a la fuga

Fuera del hemiciclo, el panorama para los populares no mejora. En Castellón y con Carlos Fabra condenado, el que fuera su delfín en la Diputación, Francisco Martínez, acaba de dejar el puesto de vicepresidente, imputado en otra causa. También dos exportavoces del Consell han abandonado el barco forzadas, otra vez, por el calendario judicial: son Lola Johnson -que fue directora de Canal 9 con Camps-, imputada por el agujero de la televisión pública, y Paula Sánchez de León, que hasta antes del verano era delegada del Gobierno, señalada en Gürtel.

En varios municipios de peso, la debacle continúa. El alcalde de Paterna, una joven promesa del PP, se ha marchado con dos imputaciones a sus espaldas, siguiendo los pasos del primer edil de Manises, Enrique Crespo, el principal imputado por el desfalco del caso Emarsa. Ernesto Sanjuán, alcalde de Cullera y amigo personal de Camps, también declara esta semana como imputado. En su caso por permitir unos fuegos artificiales que estaban prohibidos y originar un incendio. Varios miembros del PP local de Orihuela, Elda, Novelda y Elche (por citar solo localidades importantes) están también en el punto de mira de la justicia.

Así las cosas, Fabra y su Gobierno pasan más tiempo apagando fuegos que gobernando.