El Gobierno abre la vía penal contra Forcadell por desobedecer al TC

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, este viernes tras el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, este viernes tras el Consejo de Ministros. / periodico

JUAN RUIZ SIERRA / MADRID

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“Dijimos que no íbamos a dejar pasar ni una y no estamos dejando pasar ni una”, dijo este viernes Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta del Gobierno acababa de confirmar que se había presentado un nuevo recurso, llamado incidente de ejecución de sentencia, contra la resolución del Parlament que ratificó dos días atrás las conclusiones del proceso constituyente catalán (en lo que supone un aval para abrir la vía unilateral de independencia) pese a que el Tribunal Constitucional (TC) le había prohibido poco antes dar este paso. En él, se pide al máximo órgano jurisdiccional que informe a la Fiscalía para que esta pueda recabar pruebas y actuar contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien el Ejecutivo señala como autora de un delito al desobedecer las decisiones del TC. La vía penal frente al desafío territorial quedó así abierta, provocando desde el campo independentista múltiples gestos de apoyo hacia la acusada, con el Govern a la cabeza, que dejó claro que no pensaba aflojar su paso hacia la secesión.  

“Sin perjuicio de las acciones que puedan llegar a producirse, la presidenta del Parlament es ya personalmente responsable de haber incumplido el auto del 19 de julio del Tribunal Constitucional, por someter a debate y votación (…) las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente”, señala el recurso del Ejecutivo. Según Sáenz de Santamaría, se apunta solo a Forcadell, y no a otros dirigentes de la Cámara catalana, porque es ella “quien lidera la institución”.

LAS SANCIONES

Pero la reacción del Gobierno no se quedó ahí. En el escrito presentando, sobre el que Mariano Rajoy informó este viernes a los principales líderes políticos (Pedro SánchezPablo Iglesias y Albert Rivera), el Ejecutivo reclama varias acciones al Constitucional, que se reunirá el próximo lunes al mediodía. Por un lado, que anule la resolución del Parlament y la suspenda con carácter “inmediato”. Por otro, medidas para hacer efectivos las decisiones del TC. El Gobierno quiere que el alto tribunal requiera a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa del Parlament para que se abstengan de consumar la resolución que consuma el desafío, así como que impidan votar o tramitar cualquier nueva iniciativa basada en ese texto. El Ejecutivo también reclama que se prohíba al ‘president’, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Govern la aprobación de medidas destinadas a dar cumplimiento al texto independentista.  

Si cualquiera de los dirigentes señalados incumpliera estos requerimientos, y con independencia de la investigación sobre Forcadell que llevará a cabo la Fiscalía, el Gobierno aboga por imponerles una multa de entre 3.000 y 30.000 euros y, lo más importante, suspenderles de sus funciones “durante el tiempo preciso para asegurar” que se cumplen las decisiones del alto tribunal. “La primera obligación de los poderes públicos es que se respete la Constitución”, señaló Sáenz de Santamaría, para quien el Parlament ha intentado colocarse “por encima de la voluntad democrática” con la resolución que consuma el desafío.

HOJA DE RUTA "INTACTA"

Desde el Govern se apeló también a esa misma “voluntad democrática” para justificar aquello que se combate desde la Moncloa. “El Gobierno español amenaza nuevamente, pero no nos moveremos de nuestro camino, profundamente democrático y avalado por los votos de los ciudadanos que se pronunciaron a favor de la hoja de ruta, que continúa intacta. Ningún tribunal puede pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos”, señaló la ‘consellera’ de Presidència, Neus Munté.

Las muestras de solidaridad hacia Forcadell por parte de los principales dirigentes catalanes se sucedieron en Twitter. Puigdemont: “Todo mi apoyo y complicidad a la presidenta del Parlament. La democracia en Catalunya no está en funciones”. El vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras: “La democracia está por encima de todo ahora y siempre. Desde el Govern velaremos para que así sea”. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: “Las diferencias políticas se resuelven políticamente, no con amenazas judiciales”.  La propia Forcadell dijo no tener "ningún miedo".