El Gobierno razona su rechazo al referendo «especulativo» de Mas

Habrá debate solemne en el Congreso de los Diputados en torno a la iniciativa remitida desde el Parlament, que reclama al Estado la competencia para poder convocar una consulta sobre el futuro de Catalunya. Esto se daba por hecho. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido confirmarlo por escrito en las Cortes, haciendo uso del artículo 126 del reglamento de la Cámara, que le permite manifestar su conformidad o rechazo a una propuesta en función de si su tramitación altera o no los presupuestos. Es evidente que el debate sobre la petición que llegó de Catalunya no implica costes relevantes. Entonces, ¿por qué utiliza el Ejecutivo un artículo del reglamento del que no se hacía uso desde 1983? Pues por ser también la vía por la que la presidencia del Gobierno puede fijar postura oficialmente (en este caso adelantarla) en cuanto al fondo de la iniciativa. Y es evidente que Rajoy quería hacerlo antes de que el PP y el PSOE, como ya han venido avisando, le den un no definitivo en el hemiciclo, un no que, según los cálculos provisionales que manejan los populares, podría llegar justo antes del verano.

«Los referendos consultivos están previstos en la Constitución sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia. Es decir, solo puede consultarse lo que se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas», se sostiene en el documento del Ejecutivo.

NI FACULTAD NI DELEGACIÓN / A continuación, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que es quien ha registrado en nombre del Gobierno el citado documento, trata de explicar por qué considera que el referendo entraría en la categoría de la especulación. «Si Catalunya sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente, pues estaríamos ante una de las facultades que con arreglo al mismo artículo 150.2 de la Constitución, por su propia naturaleza no sería susceptible de transferencia o delegación», se añade.

En todo caso, la filosofía de la respuesta gubernamental es que no puede favorecerse ni permitirse una consulta que, a su juicio, no tiene cabida alguna en la Carta Magna. Además, se subraya que el artículo 150.2 de la Constitución, que es el que invoca el Parlament en su iniciativa para reclamar la cesión competencial, permite la transferencia de «facultades correspondientes a materia de competencia estatal», pero en ningún caso «la competencia estatal, toda ella, en sí misma». «Es decir, se pretende [desde Catalunya] la delegación de una facultad que supondría un vaciamiento completo de la competencia del Estado atribuida por el artículo 149.1.32», se asevera.

Más allá del debate jurídico, Mariano Rajoy insistió ayer en que las aspiraciones del soberanismo catalán son caducas y contrarias a los vientos que soplan en Europa. «Hay quienes se empeñan en luchar contra el mundo y no se gana nunca luchando contra el mundo. Es imposible», proclamó durante la clausura del congreso que los populares vascos celebraron ayer en San Sebastián. Para Rajoy, ese futuro pasa por la defensa de «la soberanía nacional, la liquidación de las fronteras y la integración».

COMPARACIÓN / Pero Artur Mas no parece dispuesto a aflojar. Ayer reprochó al Ejecutivo central su actitud de «ordeno y mando» y la contrapuso a los «valores» de entente cultivados históricamente en Catalunya. Fuentes del Gobierno de CiU aseguran que matienen la mano tendida para intentar buscar una salida al enconado conflicto. Pero insisten en que cualquier solución deberá pasar por el escrutinio de las urnas. O sea, consulta sí o sí, sea en forma de referendo legal (cada vez más improbable) o unas elecciones. El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, se lamentó ayer, una vez más, de la actitud de PP y PSOE respecto a Catalunya. «Ni unos ni otros quieren nuestra consulta. ¡Un lio!», tuiteó.  H

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