La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, abrió ayer la caja de Pandora al proponer un debate para modificar la ley que regula el derecho de manifestación. «Hay que racionalizar el uso del espacio público para compatibilizar el derecho de manifestación con el de otros ciudadanos a estar en una ciudad [Madrid] habitable», afirmó en declaraciones a RNE. Con esta propuesta, salió al paso de las críticas que le realizó la pasada semana la alcaldesa Ana Botella, que la acusó de permitir «demasiadas» manifestaciones en la capital.

Cristina Cifuentes y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ayer. EFE / VÍCTOR LERENA

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 23 de la sección de Política de la edición impresa del día 03 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Cifuentes reveló que este año se han celebrado 2.220 concentraciones, por lo que sostuvo que «Madrid es una ciudad complicada», en la que las manifestaciones «son permanentes». Por ello, defendió la necesidad de «abrir un debate» que desemboque en la modificación de la ley orgánica que regula el derecho de manifestación, «no para recortarlo, ni para restringirlo, pero sí para racionalizarlo».

AMPLIAR COMPETENCIAS / En concreto, se mostró partidaria de «modular» el derecho y ampliar las competencias de la Administración para «modificar las horas o cambiar» los lugares de las concentraciones para que «se pueda circular con tranquilidad y no haya incidentes, disturbios o problemas de orden público». En su opinión, la ley que regula esta norma «tiene muchos años». «No puede ser que un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona», alegó tras cuestionar la actuación de los tribunales que sistemáticamente le han quitado la razón cuando ha prohibido concentraciones, como ocurrió en vísperas de la huelga general del pasado marzo.

Cifuentes también lamentó el estrecho margen que le deja la ley para sancionar los cortes de tráfico que llevan a cabo «grupos de liberados sindicales que trabajan en los ministerios» todos los viernes. «Solo se les puede identificar y sancionar administrativamente», apostilló.

La delegada evitó defender directamente una reforma de la Constitución para cambiar el derecho, pero abogó por abrir el debate para que se pueda conseguir una modificación con «un amplio consenso». Y reiteró su apoyo a las actuaciones de la policía en estas concentraciones.