El Gobierno ha acordado dotar con 10.000 millones de euros la línea del ICO que va a crear para facilitar financiación directa a las comunidades autónomas, de forma que estas administraciones pueda afrontar los vencimientos de deuda y los pagos pendientes con proveedores. La cifra se podrá ampliar a 15.000 millones, previo acuerdo del Gobierno, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La línea tiene dos finalidades, que pasan por pagar los contratos de suministros de obras y servicios contraídos antes del 1 de enero de 2012 y vencimiento a mediados de este año, y por cumplir las obligaciones de deudas financieras anteriores al 1 de enero de 2012 y contabilizadas previamente como déficit.

Guindos ha matizado que el acceso a los préstamos supone que las administraciones beneficiadas tendrán que aceptar "condiciones importantes" porque el Gobierno "es consciente" de que los problemas tienen que ver con "los desequilibrios presupuestarios".

El Gobierno exigirá a las comunidades autonómas que hagan un plan de ajuste que se encamine a la estabilidad prespuestaria, supervisado por el Ministerio de Hacienda, y que estén dispuestos a realizar "ajustes extraordinarios". Hacienda evaluará trimestralmente si cumplen con el plan y si no, les aumentará el tipo de interés al que han tenido acceso al préstamo.

Además el Ejecutivo exigirá que la administración beneficiada que el Ministerio de Economía autorice sus nuevas operaciones de endeudamiento.