El Gobierno elige a Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros decidió este viernes que el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar sea el nuevo fiscal general del Estado como sustituto del fallecido José Manuel Maza.

La elección de Sánchez Melgar supone que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha optado por un perfil similar al de Maza, que también procedía de la Sala Segunda del alto tribunal, donde se investiga la querella por rebelión presentada por la Fiscalía General del Estado contra la Mesa del Parlament y que se acumulará a la causa que, hasta este viernes, se seguía en la Audiencia Nacional contra los miembros del cesado Govern.

El nombramiento no fue consultado con ningún partido de la oposición. El PSOE lamentó que el Ejecutivo "no haya buscado el consenso" y haya optado por un fiscal "conservador", del mismo "perfil" que el de Maza. "Es un nombramiento político que responde a los intereses del Gobierno", se quejó la número dos de los socialistas, Adriana Lastra.

En respuesta a esta acusación, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordó que nunca un Gobierno ha consensuado con la oposición un nombramiento de estas características. En la rueda posterior al Consejo de Ministros Catalá destacó que Melgar, como juez de "reconocido prestigio" con una dilatada trayectoria, "concitará el apoyo" del mundo judicial. 

Las decisiones ante el 'procés'

Tampoco Sánchez Melgar es del gusto de Podemos, que acusó al PP de estar intentando "protegerse" con este nombramiento por los asuntos judiciales en los que el partido conservador está inmerso.  

A preguntas de la prensa, el ministro de Justicia comentó que no cree que el futuro fiscal general cambie sustancialmente el rumbo de la institución ante los casos sobre la deriva independentista de Catalunya. "Los fiscales que dirigen coordinan, pero no hacen que cambie el rumbo de la nave sustancialmente", respondió el ministro. 

El camino hasta el nombramiento

Tras su elección, para la que que aún se precisa el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (prácticamente automático, ya que solo revisa si es un jurista con más de 15 años de antigüedad) y que el elegido presente sus planes para la Fiscalía General del Estado ante la comisión de Justicia del Congreso, el nombramiento volverá al Consejo de Ministros.

Este será el cuarto fiscal general del Estado nombrado por Rajoy. El primero fue Eduardo Torres-Dulce, que actualmente ejerce la abogacía, al que se sustituyó por Consuelo Madrigal. Cuando todo el mundo contaba con su renovación porque solo llevaba un año en el cargo, se produjo la designación de Maza, que no llegó a cumplir 12 meses al frente de la Fiscalía General tras su fallecimiento la semana pasada en Argentina, donde participaba en un congreso de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público.

Una carrera judicial de 34 años

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde enero del año 2000, donde fue aupado con los votos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados a propuesta del PP. Entonces Ángel Acebes era ministro de Administraciones Públicas, desde donde pasó a asumir la cartera de Justicia. El magistrado había coincidido con él en Ávila; el expolítico fue alcalde de esa ciudad entre 1991 y 1995, y Sánchez Melgar presidía esa Audiencia Provincial castellana desde 1993.

Considerado, como su antecesor, conservador, el futuro fiscal general es miembro de la carrera judicial desde 1983, a la que se incorporó por oposición. Ha estado destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona, en juzgados de Santander, en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y desde la presidencia de la Audiencia de Ávila llegó a la Sala Segunda del Supremo.

Parot y Botín

Melgar fue el ponente de la sentencia relativa a Henri Parot por la que se estableció la doctrina que lleva el nombre del miembro de ETA y que permite prolongar las condenas a terroristas y otros peligrosos delincuentes. Esta doctrina fija que los beneficios penitenciarios se aplican individualmente para cada una de penas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión.

De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel. La doctrina Parot fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, lo que obligó a revisar la situación en la que se encontraban numerosos condenados por terrorismo y hubo que excarcelarles.

El futuro fiscal general discrepó ante dos célebres doctrinas de la Sala Segunda: la doctrina Botín, que libró al banquero del juicio, al ser solo ejercida la acusación contra él por la acción popular, y la doctrina Atutxa, por la que el alto tribunal condenó al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, al reinterpretar la primera. En este caso, Sánchez Melgar se opuso señalando que aunque él se hubiera opuesto a la doctrina Botín, al igual que había hecho también José Manuel Maza, consideraba que ella era"la doctrina de la Sala a todos los efectos, sea cualquiera el caso posterior al que haya que aplicarse", y mantenía que el sentido de la ley no cambiaba "porque exista o deje de existir acusación particular en una causa penal".