El Gobierno limita el debate sobre corrupción para proteger a Rajoy

el Gobierno insiste en aparentar que lleva la iniciativa ante la crisis derivada de los últimos escándalos de corrupción y que, en ningún caso, se deja llevar por la presión de la oposición. Como si de un asunto entre partidos políticos se tratase -y no de escándalo generalizado en la opinión pública o de una tremenda preocupación que ha anidado y crece en las propias filas populares-, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, se cerró ayer en banda a que el presidente Mariano Rajoy pueda comparecer en sede parlamentaria, como ya hizo el pasado año a raíz del estallido del caso Bárcenas, para explicar a los distintos grupos pero también a la sociedad cuál es el estado general de la cuestión y qué estrategia tiene en mente para atajar esta lacra que es la corrupción política.

Según Sáenz de Santamaría, todos las organizaciones tienen corruptos en sus filas y, por eso, no tiene sentido que sea el jefe del Ejecutivo y líder de los populares el que vaya al Congreso a dar cuenta de lo que ocurre en casas políticas ajenas. A su juicio, lo que conviene es que cada partido lave los trapos sucios y tome medidas de puertas para adentro y, mientras tanto, se deje al Gobierno adoptar medidas contra la corrupción y los grupos se involucren en su tramitación, a fin de que el nuevo paquete legislativo que se ha ultimado en la Moncloa pueda ver la luz antes de que termine el año.

«El equipo de trabajo lleva trabajando desde marzo y, en septiembre, se retomaron las conversaciones. Sería bueno que en noviembre se debatieran en el Parlamento, con las enmiendas que se considere oportuno para poder ponerlas en marcha», apuntó la portavoz gubernamental.

ESPERAR A PEDRO SÁNCHEZ / Santamaría se pronunciaba así cuando se le preguntó por qué se había tardado tanto tiempo en impulsar, desde un Gobierno con mayoría absoluta, medidas frente a la corrupción. La vicepresidenta alegó que el Ejecutivo llevó en marzo al Congreso dos proyectos de ley, uno referido al estatuto del cargo público y otro ligado a la financiación de los partidos. Según dijo, la negociación parlamentaria que se pretendía en torno a ellos quedó paralizada primero por la llegada de las elecciones europeas, en mayo, y después, por el proceso que se abrió para designar un nuevo líder de los socialistas.

Pasado el verano los grupos parlamentarios iniciaron una serie de encuentros discretos y, hasta la pasada semana, parecía que el pacto al menos ante PP y PSOE era posible, una vez que los populares habían aplazado su intención inicial de introducir la elección directa de alcaldes en este paquete.  Pero la nueva vuelta de tuerca del caso Bárcenas en la Audiencia Nacional (con la imputación de Ángel Acebes o el cerco a Dolores de Cospedal); el escándalo de las tarjetas negras o la operación Púnica ha ido distanciando a los partidos mayoritarios, que han roto las conversaciones porque los socialistas no quieren respaldar al PP en estos momentos. Ante esto, la vicepresidenta y dirigente popular quiso recalcar que prácticamente todos los partidos tienen su maleta de corruptos y, tras enumerar muchos de los casos que están en el foco (aunque olvidó el caso Bárcenas y Gürtel), pidió que cada grupo explique lo suyo.