El Gobierno insiste en que Hacienda pueda sancionar a autonomías y destituir a alcaldes
El Gobierno y los grupos parlamentarios han mantenido este jueves la última reunión previa a que la ley de transparencia y buen gobierno inicie su tramitación en el Congreso. Todos han salido satisfechos de la inusitada voluntad de diálogo mostrada por el Ejecutivo, si bien el Gabinete de Mariano Rajoy de momento no ha dado su brazo a torcer y no retirará del proyecto normativo aquellos aspectos que podrían vulnerar las competencias regionales o locales, como la posibilidad de que el ministro de Hacienda pueda sancionar a una administración autonómica o incluso cesar a un alcalde.
El Gobierno solo se ha comprometido a "estudiar" las reivindicaciones que en este sentido que le harán llegar CiU y otros grupos antes del próximo martes, cuando se cierra el plazo para presentar enmienda a la totalidad. El grupo parlamentario catalán ha advertido de que si el Ejecutivo no cede en este aspecto, o bien presentarán un veto a la totalidad, o bien votarán en contra de este aspecto concreto de la ley.
Lo que sí han acordado todos los grupos es que, una vez escuchadas las voces de una veintena de expertos, ha llegado el momento de pisar el acelarador con la vista puesta en que la norma llegue al Senado en septiembre y esté lista antes de Navidad. Todos han coincidido en la necesidad de incluir en la ley a la Casa Real, la Iglesia, los sindicatos, partidos políticos y cuantas entidades se financien mayoritariamente a través de fondos públicos.
Los límites a la Casa del Rey
Eso sí, la Casa del Rey tendrá un nivel de transparencia similar al Congreso, Senado o el Tribunal de Cuentas, pero diferenciado de la información que transmitirán el resto de administraciones. "Los límites vienen dados por su propia naturaleza. No pueden tener las mismas obligaciones porque no tienen la misma actividad", ha explicado la diputada socialista Meritxell Batet. La parlamentaria se ha mostrado a favor de que los intengrantes de la familia real hagan público cuánto "ganan, tienen o declaran", pero no en qué invierten los fondos públicos del Estado que reciben. Según su argumentación, también es público el salario de un parlamentario, pero este no está obligado ni lo estará a informar en qué se lo gasta.
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