El Gobierno intentará aprobar en septiembre la anunciada reforma de la Administración local si consigue pacificar el enfado de los propios alcaldes del PP, que han forzado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a posponer este paquete de recortes en los ayuntamientos ante la amenaza de una nueva rebelión institucional. Fuentes de la dirección del PP reconocieron que el Gobierno ha querido evitarse otro enfrentamiento, ahora con los municipios, después de haber sufrido varios órdagos por parte de algunas de sus comunidades autónomas, como Extremadura y Castilla y León, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según el anteproyecto de esta ley, los consistorios de menos de 20.000 habitantes perderían competencias en favor de las diputaciones provinciales.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ayer en rueda de prensa en la sede popular. JOSÉ LUIS ROCA

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Información publicada en la página 17 de la sección de Política de la edición impresa del día 07 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene previsto hacer un nuevo intento esta semana para llevar a la negociación de esta reforma con el Ejecutivo una posición «lo más consensuada posible» entre las fuerzas políticas que la integran, ya que es manifiesta la falta de acuerdo existente dentro de este organismo. Según informó ayer El País, el Gobierno retiró a última hora este punto del orden del día de la última reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local, el pasado 30 de julio. El presidente de la FEMP y alcalde de Santander, el popular Iñigo de la Serna, explicó que ahora se abrirá un proceso interno de diálogo político entre los grupos que la componen (PP, PSOE, CiU, IU y PAR) para estudiar sus alegaciones y llegar a un punto de encuentro.

De la Serna rechazó que se trate de un aplazamiento y afirmó que el PP busca el acuerdo con los socialistas. Sin embargo, en su día, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto a pesar de que el PSOE ya había manifestado su oposición. El secretario de política municipal socialista, Gaspar Zarrías, advirtió ayer de que la reforma planteada «tiene difícil encaje» porque su objetivo es «satanizar» a alcaldes y concejales, haciéndoles responsables de la deuda y el déficit del país.

PACTO FISCAL / Menos problemas tiene el PP en despachar el asunto del pacto fiscal catalán. El portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, echó mano de la ironía para responder al secretario de organización de CDC, Josep Rull. El convergente extremó el domingo la siguiente disyuntiva: «Pacto fiscal o independencia». Para Hernando, estas declaraciones son fruto de un «golpe de calor». Rull siguió el juego y avisó al PP de que, si hace falta, repetirá su ultimátum «en invierno y con la cabeza fría».

Por su parte, el líder del PSC, Pere Navarro, reclamó a CDC que se deje de «retórica» independentista y centre sus energías en negociar con el Gobierno el modelo de financiación que aprobó el Parlament. «Lo que necesita la gente en estos momentos no son frivolidades», afirmó.