El Gobierno estudia acciones legales contra el 'pequeño Nicolás'

A Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias pequeño Nicolás, las entrevistas concedidas en los últimos días en las que alardeaba de sus contactos con las altas instituciones del Estado y presumía de que desde el CNI hasta la Casa del Rey le encargaron gestiones destinadas a solucionar los conflictos a los que se enfrenta el Estado pueden salirle caras. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que la Abogacía del Estado estudia si las declaraciones del joven son constitutivas de delito. En concreto, analiza si sus relatos sobre los presuntos encargos recibidos para intentar frenar el 9-N o para que desimputen a la infanta Cristina en el caso Nóos «van contra intereses públicos, contra la Administración, contra el Gobierno o contra algunas entidades del sector público». En tal caso, la Abogacía se personaría en el proceso judicial abierto contra él por falsedad, estafa y suplantación de personalidad.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció que ha iniciado acciones legales contra el empresario Carlos Zapata, quien en declaraciones a El Mundo aseguró que mantuvo una reunión con él en su despacho, a petición del pequeño Nicolás, para que le facilitase la obtención de una licencia del Ayuntamiento de Madrid para abrir una terraza anexa a un restaurante de su propiedad.

LA VERDAD A MEDIAS  García-Legaz -a quien el pequeño Nicolás considera «su padrino»- reconoció ayer que recibió al dueño «de un negocio ubicado en Madrid», al igual que se reúne con otros muchos empresarios. Dicha reunión se celebró, según su versión, en la zona de visitas habilitada en el Ministerio de Economía y no en su despacho, y versó sobre la búsqueda de posibles inversores y la apertura de mercados de productos españoles en el exterior y no sobre ningún tema relacionado con la obtención de una licencia.

También la secretaría de Estado de Comercio emitió un comunicado en el que aseguró que ningún responsable de este departamento realizó «gestión alguna» con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en relación al permiso necesario para abrir o ampliar un local.

Según la versión del empresario publicada ayer, el pequeño Nicolás le chantajeó después del encuentro con García-Legaz al pedirle 200.000 euros por sus gestiones para favorecer la reunión con el alto cargo del Gobierno.

El comunicado de la Secretaría de Estado de Comercio se sumó a la media docena de desmentidos que han emitido en los últimos días la mayor parte de las instituciones con las que el presunto estafador dice haber tenido relación.