El Gobierno espera que Caracas «tome nota» de su advertencia

El Gobierno confía en que el embajador de Venezuela haya tomado «buena nota» del «malestar» que le trasladó por los «insultos» de Nicolás Maduro a Mariano Rajoy. La polvareda se levantó cuando el mandatario venezolano llamó «racista» al presidente del Ejecutivo español después de que el Congreso diera vía libre a una proposición no de ley que reprueba al Gobierno de Maduro por la detención de líderes opositores.

Ataques como ese, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «no contribuyen a un mínimo entendimiento» entre ambos países que, para su Ejecutivo, «es imprescindible» por tratarse de «dos pueblos históricamente unidos por distintos lazos». Santamaría reclamó, preguntada por la cuestión tras el Consejo de Ministros, respeto para Rajoy porque fue «elegido democráticamente» por los ciudadanos de España. Un país, añadió, donde «se respetan esos procedimientos democráticos con arreglo» a la Constitución.

REUNIÓN DE CINCO MINUTOS / El Gobierno español convocó el miércoles al embajador de Venezuela, Mario Ricardo Isea Bohórquez, para pedirle explicaciones por la invectiva del dirigente sudamericano en su programa En contacto con Maduro. En ese encuentro, que duró apenas cinco minutos, el director general de Iberoamérica, Pablo Gómez Olea, le recordó que ese tipo de ofensas son «intolerables». Fuentes de Exteriores ya apuntaron ese día que el embajador había asegurado que haría llegar el mensaje a las autoridades de su país. Santamaría insistió ayer en la advertencia confiando en que el diplomático tenga asumido el «malestar» causado por las palabras de «algunos cargos en Venezuela» -dijo sin citar a Maduro- y que así lo transmita. «Que sea muy consciente de que a todos nos corresponde trabajar por el bienestar de nuestros ciudadanos», avisó la vicepresidenta.

Subrayó, además, que la aprobación de la proposición no de ley que reclama la puesta en libertad de los opositores fue una decisión del poder legislativo español, dejando claro que no solo Rajoy está detrás, puesto que estuvieron de acuerdo, entre otros, los dos principales partidos del hemiciclo, PP y PSOE. CiU, PNV y UPD también la apoyaron. Izquierda Plural, ERC, Amaiur y BNG pidieron al Gobierno que no contribuyera «a la desestabilización».