El Gobierno deja en el aire el futuro del fiscal Anticorrupción

Lo que no lograron sus polémicas decisiones en los apenas tres meses que lleva al frente de la Fiscalía Anticorrupción puede conseguirlo el que se haya conocido que es propietario del 25% de una empresa en <strong>Panamá</strong>. Manuel Moix de momento resiste, pero la oposición en pleno ha vuelto a pedir su cabeza, en un momento en el que el Gobierno ha modulado su defensa a ultranza.

Aunque fue con un lacónico "sí", Mariano Rajoy dijo el martes que apoyaba al fiscal anticorrupción, un respaldo que Moix no pudo escuchar este miércoles de boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que se desentendió y subrayó que su continuidad depende del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Solo se salió del guion el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en una conversación informal con periodistas explicó que telefoneó el martes a Maza para pedirle explicaciones sobre la vinculación de Moix con Panamá y que el fiscal general le quitó importancia y aseguró que "no era nada, una propiedad familiar". En opinión de Catalá, la publicación de esta información "no es casual" y se debe a la guerra interna que se vive en Anticorrupción desde su nombramiento por su intención declarada de "poner orden" en la fiscalía especial. En ese intento se enmarcarían sus decisiones más polémicas, como retirar asuntos a fiscales, como el del 'caso 3%', o intentar evitar registros o 'pinchazos' telefónicos en el 'caso Lezo'. 

LA ASOCIACIÓN DE FISCALES RETIRA EL APOYO

Catalá señaló también la fortaleza anímica del fiscal anticorrupción y comentó que no es una persona de las que "se vengan abajo". Habrá que ver cuánto le pesa a Moix no solo el acoso de la oposición sino también que la propia conservadora Asociación de Fiscales, con cuyos votos fue aupado a la jefatura de Anticorrupción, le haya reclamado en un comunicado que ponga "su cargo a disposición del fiscal general del Estado" porque las últimas informaciones "comprometen la imagen de imparcialidad de la institución".

De momento Maza no cree que sea necesario abrir un expediente, ni siquiera preliminar, a Moix, porque no ve materia disciplinaria en el hecho de que haya heredado de su padre una participación en una empresa 'offshore', propietaria de un chalet en <strong>Collado Villalba </strong>(<strong>Madrid</strong>), puesto a la venta por 550.000 euros. El Estatuto de la Carrera Fiscal solo veta la administración de sociedades, pero no ser socio o formar parte de ella, por lo que si, como asegura el propio Moix, declaró a Hacienda la titularidad en cuanto heredó la participación, no solo no habría cometido ningún delito, sino que tampoco habría incurrido en responsabilidad disciplinaria alguna.

Con este criterio no parecería probable que el fiscal general fuera a destituir al responsable de Anticorrupción aunque ambos tienen pendiente una conversación cuando Moix regrese de Mallorca a Madrid, y en la que se espera que dé a su superior todas las explicaciones pertinentes en relación con la herencia. El cese, según el Estatuto Fiscal, solo puede hacerse por el fiscal general una vez oído al Consejo Fiscal y al interesado. Otra opción sería que el propio Moix acabara dimitiendo, como cree el PSOE que hará.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

Además, el digital 'Infolibre', que fue el que destapó el escándalo, sigue dando más detalles del caso. Este miércoles reveló que, pese a las versiones contradictorias del propio Moix, que primero aseguró que se enteró de la existencia de la sociedad cuando se murió su madre (2008) y después, cuando falleció su padre (2011), el actual fiscal anticorrupción ha mentido, presuntamente, y sabe de esa empresa panameña desde al menos 1998.

NUEVAS COMPARECENCIAS

La oposición, por su parte, no tiene dudas de que Moix debe dimitir como fiscal jefe de Anticorrupción por su vinculación con un paraíso fiscal, y ya ha iniciado una ofensiva parlamentaria para que el Ejecutivo y el ministerio público rindan cuentas, informa Juan Ruiz Sierra. Tanto el PSOE como Podemos pidieron la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado y los socialistas, también la de Catalá.