El Gobierno cuela en una ley de Gallardón controles al espionaje

La futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal incluirá la regulación de Sitel, el sistema de escuchas y de información que utilizan las fuerzas de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, que también es la máxima responsable del servicio de espionaje, reclamó con ímpetu esa regulación cuando estaba en la oposición, en pleno estallido delcaso Gürtel, y ayer aseguró que el Ejecutivo ha previsto incluirla en esta reforma que está preparando el Ministerio de Justicia.

Elcaso Snowdenha puesto sobre la mesa la falta de límites que las fuerzas de seguridad de algunos estados tienen para interceptar las comunicaciones privadas, algo que Santamaría negó que ocurra en España. La vicepresidenta garantizó que todas las intervenciones se hacen con autorización judicial y añadió que «España ha sido pionera» en este asunto y que varios socios europeos se han interesado por el sistema de intervención de comunicaciones con autorización judicial.

PRESIÓN A RUBALCABA / El PP, sin embargo, no tenía tan clara la legalidad de las intervenciones mientras estaba en la oposición y se obsesionó con poner límites y controles al uso de Sitel cuando, en el 2009, saltó elcaso Gürtel. Según fueron publicándose distintos informes policiales y conversaciones grabadas a los protagonistas de la trama corrupta -en algún caso, los interlocutores eran relevantes políticos del PP-, el partido de Mariano Rajoy creó y difundió la teoría de que el Ministerio del Interior, siguiendo las supuestas órdenes del entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, utilizaba el sistema de interceptación de las comunicaciones para espiar a los populares en busca de réditos políticos.

En aquella época, Santamaría, portavoz en el Congreso, impulsó la presentación de una proposición no de ley para controlar Sitel, un sistema que el PP llegó a considerar «inconstitucional», pese a que fue el último Gobierno de José María Aznar el que lo encargó y no lo reguló.

En la proposición, los conservadores planteaban que no se pudieran grabar las conversaciones entre abogado y cliente, como había sucedido en el caso Gürtel, salvo que existan claros indicios de delito. El texto proponía también que el juez solo pueda decretar la interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o electrónicas cuando exista constancia de delitos graves y datos objetivos de que las grabaciones son necesarias para descubrir circunstancias relevantes en la investigación.

PROYECTO EXIGENTE / Ahora parece que solo basta una reforma de la ley de enjuciamiento criminal para ofrecer garantías extras del uso de Sitel por parte de las fuerzas de seguridad y del CNI, que ahora está en manos de Santamaría. Algunos de sus compañeros de filas en el partido consideran que por coherencia se debe aprobar cuanto antes esa regulación y piden que esta esté basada en el exigente proyecto que los populares diseñaron en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.