El Gobierno asume que se halla ante el peor escenario posible

El Gobierno dice que creía a Artur Mas cuando este explicó a Mariano Rajoy que no pensaba hacer «nada ilegal». El Ejecutivo sobreentendía, según fuentes de la Moncloa, que la Generalitat iba a mantener detenida toda la maquinaria de la consulta tras la suspensión de la convocatoria por parte del Tribunal Constitucional (TC). El guion se cumplió en un primer momento, pero ahora que el president ha firmado el decreto que nombra a los miembros de la comisión de control de la consulta, algo que hizo el pasado jueves, y que los partidos a favor de la votación del 9 de noviembre, incluido CiU, se han reafirmado en su apuesta, el Gobierno asume que se encuentra ante el peor escenario posible.

El Gabinete de Rajoy esperaba que los partidos soberanistas y las manifestaciones presionaran para mantener la convocatoria, pero no que Mas, con sus gestos para contentar a los republicanos, también se sumara en parte a esta estrategia. Fuentes gubernamentales señalan que ahora no tienen más remedio que entrar en el cuerpo a cuerpo con el president, algo que querían evitar a toda costa. Entre otros motivos, porque supone darle aún más protagonismo al líder de la federación nacionalista en un momento que parte del electorado del PP y los medios de la derecha reclaman a Rajoy más contundencia en el conflicto territorial, algo que el Ejecutivo quería dejar en manos del PP.

El Consejo de Ministros, mientras tanto, confirmó ayer que solicitará al Constitucional que incorpore el decreto catalán de creación de la junta electoral para el 9-N a los recursos que ya ha registrado, informa Juan Ruiz Sierra. «Mas debería dejar de dar pasos en esta dirección», señaló la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien también sugirió que las salvaguardas del líder de CiU en la norma que firmó el jueves pretenden sortear una posible prevaricación por parte del Govern.

LA FISCALÍA / El PP también dedicó buena parte de su reunión interparlamentaria, que celebra en Guadalajara y clausurará hoy Rajoy, a cargar contra Mas y sus aliados. La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, abrió la veda a primera hora anunciando que su formación informará a la fiscalía del decreto de nombramiento de la comisión de control de la consulta y pedirá su impugnación.

A su juicio, el presidente se siente «acorralado» al ver cómo se «resquebraja» la unidad. «Mas ha perdido el sentido común llevando a Catalunya al borde de la ilegalidad», sostuvo. El vicesecretario general de política autonómica, Javier Arenas, defendió la actitud del Gobierno, que, en su opinión, está siendo «firme» y, al mismo tiempo, «moderada», ya que «las formas son esenciales».