El Gobierno aprueba con retoques su polémica ley de seguridad ciudadana

El Consejo de Estado ha sido la última institución que ha limado algunos de los pasajes más polémicos y controvertidos del anteproyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza y ley Fernández, que hoy aprobará el Consejo de Ministros y que tras su trámite parlamentario sustituirá a la no menos controvertida ley Corcuera. Antes, otras dos instituciones, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, entregaron sus dictámenes advirtiendo de la inconstitucionalidad de algunos de los preceptos. Todas las objeciones han sido recogidas por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, encargado de retocar la nueva ley. Por su despacho han pasado también desde Amnistía Internacional a Greenpeace, que han hecho igualmente sus aportaciones. A pesar de los cambios, el articulado sigue suscitando los recelos de las fuerzas de izquierda y organizaciones sociales, que mantienen que el proyecto vulnera el Estado de derecho.

En cuanto se difundieron los detalles del primer borrador, este provocó agrias críticas de algunos sectores de la sociedad que acusaron al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de querer aprobar una ley que limitaba el derecho de manifestación y expresión en unos momentos de gran tensión social en las calles como consecuencia de la crisis.

A día de hoy, este es el único proyecto legislativo del Partido Popular en el que se ha tomado nota de las críticas y suavizado considerablemente el texto. Al final, solo cuatro infracciones son calificadas de muy graves y acarrean multas de hasta 600.000 euros: la intromisión en infraestructuras esenciales, como por ejemplo, ocupar las pistas de un aeropuerto; la utilización de punteros láser contra los pilotos de avión; la posesión y manipulación de armas y explosivos, y el quebrantamiento de la prohibición de celebrar un espectáculo por razones de seguridad.

LOS CAMBIOS MÁS DESTACADOS / El nuevo articulado ha limado el cariz netamente policial que tenían los anteriores. Entre las críticas que recibió el ministro estaba que el anteproyecto parecía haber sido redactado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para blindar la labor de los agentes en las manifestaciones.

Las modificaciones más destacadas se refieren a la entrada y registro de domicilios, la identificación de personas, los controles callejeros, los cacheos, el catálogo de sanciones, una nueva escala de multas para las infracciones, así como la publicidad de las sanciones.

Siguiendo el dictamen del Consejo de Estado se han retocado dos aspectos. El referido a las identificaciones, que acota a seis horas el tiempo que un ciudadano puede estar retenido para ser identificado. Esta medida se limita a los supuestos en que la policía lo considere preciso para la prevención de un delito. Y el afectado deberá ser informado «de modo inmediato y comprensible» de los motivos por los que el agente le está solicitando la documentación.

En todas las comisarías habrá un registro en el que se detallarán  las detenciones y el tiempo que se retiene a un sospechoso, mientras dura su identificación. Ese libro se enviará cada mes a la fiscalía.

En cuanto a la entrada y registro de un domicilio, se mantiene como en la actual ley. La policía solo podrá acceder con mandamiento judicial o en casos de delito flagrante. Los controles callejeros se han restringido respecto al texto original. Interior regula que solo se podrán desplegar si el objetivo es descubrir al autor de un delito de especial gravedad o generador de alarma social.

Por primera vez se detalla cómo serán los cacheos, que se realizarán  cuando haya motivos para suponer que pueden conducir a prevenir o esclarecer un delito. Siempre se harán por agentes del mismo sexo que el sospechoso y, si este es obligado a desnudarse, el cacheo se realizará fuera de la vista de terceros.

Otro de los artículos polémicos en cuanto a la organización de manifestaciones ha sido modificado. Se suprime la atribución de responsabilidad a los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones por las infracciones que puedan cometer terceras personas. Y se añade que la policía debe «velar» por el derecho de manifestación, convirtiéndose en infractores los que revienten una protesta.

En el catálogo de infracciones, se han reducido las 58 del borrador anterior a las 47 sanciones que recoge el nuevo proyecto.

En cuanto al uso de imágenes o datos de policías, será infracción si pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación.

Las concentraciones ante el Congreso fueron otro de los aspectos más polémicos del borrador. Ahora, las reuniones ante la Cámara baja, el Senado y los parlamentos autonómicos serán faltas graves solo cuando ocasionen una «seria perturbación» de la seguridad ciudadana. Por tanto, su sanción estará en el tramo de entre 601 y 30.000 euros.