El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo derogará "los privilegios de los partidos y sindicatos en el Código Penal". En la actualidad, ambas formaciones están "exhoneradas" globalmente y solo se puede perseguir penalmente a los responsables individuales del delito, como por ejemplo, el tesorero, la única figura que hasta el momento se podía demostrar que había cometido por ejemplo un delito de financiación ilegal.

De izquierda a derecha, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, este miércoles, en el Congreso. JUAN MANUEL PRATS

Con la reforma anunciada, el órgano de dirección de un partido que por ejemplo autorice o conozca y no evite la financiación ilegal de una formación deberá hacer frente a la sanción correspondiente. Incluso, si la infracción es de extrema gravedad, los dirigentes de una formación política o sindical podrían entrar en prisión.

Gallardón ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación de UPD que exigía que se impida a las personas imputadas ser incluidas en listas electorales. El ministro se ha mostrado dispuesto a evitar que los encausados puedan ser votados, pero no por una simple imputación, sino ante un mecanismo "ulterior" como por ejemplo la apertura de un juicio oral que demuestre que existe un indicio "racional" de su criminalidad.

El ministerio de Justicia estudia cambiar la figura de imputado para evitar lo que Gallardón ha llamado "la condena del telediario". Según el ministro, en la actualidad cualquier juez se ve obligado , debido al procedimiento de enjuiciamiento abreviado, a imputar a una persona ante la simple presentación de una querella en su contra, lo que provoca una "condena social" en los medios de comunicación que Justicia pretende evitar con una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.