Gobierno y PP aleccionan a sus cargos para encarar el escándalo

El caso Ratotiene toda la carga para convertirse en un misil contra el buque electoral del PP, pero el partido y el Gobierno presididos por Mariano Rajoy quieren dar la vuelta a la trayectoria del explosivo y transformar el escándalo en el argumento que les convierta en adalides contra el fraude y la corrupción.

El reto pinta hercúleo. En plena contienda electoral y con una oposición que aprieta, el PP se ha apresurado a redactar documentos con los argumentos que todo alto cargo debe tener a mano para plantar cara al escándalo e intentar sacar réditos políticos de él. Se han apresurado tanto que empiezan por llamar «amnistía» a lo que, según el dictado popular no es sino una «regularización fiscal», o una «declaración tributaria extraordinaria», según los documentos del Gobierno para manejo de sus cargos.

A tenor de los papeles del PP, el argumento que todo alto cargo debe tener fresco en su mente para afrontar cualquier embestida política por el caso Rato es que si el Gobierno adoptó «medidas contrarias a su ideario», como la amnistía fiscal y la subida de impuestos, fue para reconstruir las finanzas heredadas del PSOE «con el fin de no realizar mayores recortes en prestaciones sociales».

Además «ha sido una regularización tributaria transparente, no opaca como las de las amnistías fiscales de 1985 (Boyer) y 1991 (Solchaga), bajo los gobiernos de Felipe González». Se añade que «la noticia relativa al exvicepresidente Rodrigo Rato demuestra que una persona que se ha acogido a la regularización fiscal no queda exenta de los delitos que haya podido cometer».

Los papeles del PP incluyen argumentos para contraatacar al PSOE con el caso de los ERE. Desde el punto de vista de los populares, la diferencia es que el «asunto Rato» parte del «respeto a la independencia de la justicia» y constituye «un tema personal, no relacionado con su dimensión política y pública». Se recuerda que Rato está «suspendido de militancia desde hace meses a petición propia en el PP».

Frente a esto, el PP subraya que en el caso ERE (que salpica a los socialista Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías) se dificulta el trabajo de la jueza Alaya y existe una «dimensión política e institucional del fraude durante más de diez años» en el que ha habido «enriquecimiento personal de participantes relevantes en el fraude».