Santamaría advierte a las CCAA de que tienen que "coordinar" su acción exterior con el Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la ley de acción exterior, más respetuosa con las competencias autonómicas que los borradores iniciales. Sin embargo, tanto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, han advertido a las comunidades autónomas de que "tienen que coordinar" su actividad fuera de España con el Ejecutivo central.

El objetivo de la nueva ley, ha manifestado la número dos del Gobierno, es que el conjunto de administraciones con competencias en la materia "se coordinen y actuen bajo los mismos fines y objetivos", así como que se introduzcan "medidas de racionalización" en el gasto de la acción exterior. La norma pretende fijar "qué se hace (en el exterior), cómo se hace y regular la unidad de acción en el exterior", ha añadido.

El ministro, por su parte, ha explicado que la acción exterior, que llevan a cabo desde la Corona, hasta el Consejo General del Poder Judicial, pasando por las comunidades, debe estar "coordinada y subordinada" a los objetivos de la  política exterior que marque el Ejecutivo. "No puede haber contradicción", ha advertido.

A continuación, en un tono más suave, ha precisado que en la relación con las comunidades autónomas la palabra clave es "oferta e invitación". "Invitarles a trabajar juntos para ser más eficientes", ha añadido. La nueva norma fija que los gobiernos autonómicos informen de sus viajes al exterior al Gobierno. En cuanto a la apertura de oficinas, la comunidad deberá avisar al Ministerio de Asuntos Exteriores, que emitirá un informe diciendo si es razonable o si hay alternativas mejores, como incorporar a los delegados autonómicos a las embajadas españolas. "Las comunidades serán libres de aceptar o no la invitación", ha manifestado.

SE HARÁN "RECOMENDACIONES"

Margallo ha reconocido que se ha eliminado la norma la prohibición de que las comunidades que incumpliesen su objetivo de déficit, pudiesen abrir nuevas embajadas. El ministro ha negado además que las nuevas normas supongan cercenar las competencias autonómicas, como sostiene la Generalitat. "El verbo no es controlar, sino ayudar", ha manifestado, justo antes de reconocer que el Ejecutivo central les podrá dar "recomendaciones" sobre su posición en un determinado país para las acciones de las comunidades y el Gobierno no entren en "contradicciones".