El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha afirmado que la aplicación del euro por receta en Catalunya empezará el próximo 23 de junio, aunque el Gobierno del PP haya presentado un requerimiento advirtiendo de la inconstitucionalidad de la medida por vulnerar competencias estatales.

"El Consell de Garanties Estatutàries lo avaló por unanimidad, y forma parte del Plan Económico y Financiero que el propio Gobierno español aprobó", ha recordado Homs y por eso ha calificado de "inexplicable" que se decidiese llevar esta medida al Constitucional y pedir su suspensión hasta el fallo judicial.

Homs se ha preguntado si en un contexto en el que la UE está exigiendo al Estado medidas de recorte del déficit, se entendería que cuando Catalunya plantea vías para rebajar este déficit, la Administración central las rechace. En relación a la posición del PP de Catalunya, que se abstuvo respecto a la aplicación del euro por receta, Homs ha reclamado que el conjunto de partidos que defienden el autogobierno catalán estén al lado del Govern en este conflicto.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, con todo, ha pronosticado que la ofensiva estatal, que llega una semana después del recurso del Govern al Constitucional contra el decreto estatal de recortes sanitarios, "quedará en nada". La Generalitat convocará, antes del próximo 25 de junio, una subcomisión bilateral con el Estado en materia de seguimiento normativo para abordar este conflicto competencial.

Rajoy y el fútbol

Homs se ha preguntado también si, en el actual contexto de intervención de las entidades financieras españolas, el hecho de que el presidente del Gobierno "se vaya a ver el partido de fútbol en pleno lío es lo más normal del mundo..." "No sabría juzgar si lo que hace el señor Rajoy es lo más normal del mundo", ha reiterado.

Nuevo recurso

Por otra parte, el dirigente ha confirmado que tras el informe del Consell de Garanties Estatutàries que considera inconstitucional y contrario al Estatut el decreto del Gobierno del PP que incorpora recortes en materia educativa, el Consell Executiu ha decidido iniciar los trámites para llevar este decreto al Tribunal Constitucional.