La Garzón porteña

Alos 77 años, María Romilda Servini de Cubría es casi una institución judicial argentina. Su nombre ha estado asociado a numerosas causas tan resonantes como ejemplares. Y, sin embargo, la figura de la Chuchi, como la llaman su familia e íntimos amigos, sigue, en la distancia, remitiendo a una sátira televisiva de los años 90. Esa imitación aún la enerva. Como si la imagen que proyectara fuera la de un espejo convexo. «Yo tengo una sola cara», dice ella.

La jueza nació en 1937 en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos. Se recuerda desde siempre tomada por un deseo: ser abogada como su padre. Hasta en los juegos infantiles se identificaba con esa profesión. Se fue de su ciudad cuando la eligieron Reina de la Primavera. Ella le contó al diario Página 12 que su madre la quiso poner a salvo de las fantasías de los vecinos. Así fue como llegó a la capital, donde primero fue escribana, luego estudiante de Derecho y, ya graduada, la primera mujer que entró en la justicia penal, en calidad de defensora.

Se casó con un oficial de la Aviación, Juan Tomás Cubría, y tuvo dos hijos. Cubría fue pasado a retiro durante el último régimen militar. Dirá con cierto orgullo haber sido, en calidad de jueza de menores, la primera en restituir a unos hijos de

desaparecidos a sus familia biológicas durante los años más feroces de la represión. «Fui la única jueza que atendió a las Abuelas de Plaza de Mayo en plena dictadura y ellas mismas pueden decirlo».

El 'Yomagate'

En los años 80, ya recuperada la democracia, la Chuchi investigó al clan Puccio, como se conocía a una extravagante familia que vivía en una zona residencial bonaerense y, bajo el liderazgo de Arquímedes, el padre, secuestraba y asesinaba empresarios. Hasta aquí, la biografía de Servini de Cubría no exhibe llamativas oscuridades. Pero, el 19 de noviembre de 1990, al asumir como jueza nacional en lo criminal, se convirtió en protagonista de un incidente que, insiste, la tuvo como víctima y victimaria. Gobernaba entonces Carlos Menem y a su despecho llegó un expediente que ardía. Amira Yoma, cuñada del presidente, era sospechosa de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Hasta el juez Baltasar Garzón llegó a tomar cartas en el asunto desde Madrid. Pero el Yomagate, como se conoció al escándalo, terminó en la nada. A Chuchi se le reprochó haber sido permeable a las presiones que blindaron a Amira y a su entonces esposo, el excoronel sirio Ibrahim Al Ibrahim, quien llegó a dirigir la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin hablar una sola palabra en español.

El Yomagate dominó en 1992 la escena política argentina. El humorista Tato Bores se hizo una fiesta con la familia Menem-Yoma en su programa televisivo. Servini de Cubría no fue inmune a la sorna: fue mostrada haciendo un estriptís. «No me hizo gracia. Tenía un abogado enfrente que me ofrece hacer un amparo. Pero es evidente que el amparo ya estaba hecho, yo no tuve ni tiempo de mirarlo y el resultado es que me golpearon a mí». En virtud de esa resolución, Tato Bores no podía nombrarla. Fue un acto de censura. El cómico respondió con una canción: «La jueza Buruburubudía es lo más grande que hay», cantada por un grupo de artistas famosos. De Cubría aún cree que todo «fue algo planeado para que no siguiera adelante» con otra causa sensible que vinculaba al menemismo con el financiero saudí Gaith Pharaon.

«Después de ver morir a mi padre en 1993 por los disgustos pasados, ya no me importa lo que diga la prensa», ha asegurado la jueza que, en 1999, logró arrancarle al estadounidense Michael Townley una confesión fundamental para esclarecer el asesinato del exjefe del Ejército chileno, Carlos Prats, en la ciudad de Buenos Aires. El atentado fue perpetrado en 1974 por la DINA, la temible agencia de espionaje de Augusto Pinochet, de la que Townley era arte y parte. Pero no es del todo cierto que le resbalen las opiniones mediáticas. En el 2008 interpuso un recurso para que se bloqueara en los buscadores de Yahoo y Google el acceso a cualquier información e imágenes suyas. La Cámara Civil y Comercial desestimó su pedido.

No es que quisiera ser invisible Servini de Cubría. A veces, como a fines del 2001, sucedía todo lo contrario. El país se estremecía con el corralito financiero. El 20 de diciembre, la policía reprimió duramente a los manifestantes frente a la sede presidencial, que su ocupante, Fernando de la Rúa, abandonó en un helicóptero para no regresar. «Le dije a mi chófer: 'Vamos a la plaza a ver qué pasa'. No iba como jueza. Estaba de incógnito. Entonces me escondí detrás de las columnas de la catedral y me puse a observar y vi cómo trataban a la gente. Entonces salí, no me pude contener». Y salió en el medio del tiroteo. Durante esas horas, murieron 30 personas. La magistrada se hizo cargo de la causa.

Desde hace años que su esposo solo juega a tenis, lee con voracidad y va a misa los domingos. Servini, en cambio, nunca dejó de estar en acción. Detuvo al exdictador Emilio Massera y restituyó otros hijos de desaparecidos a sus familias. Quizá nada de eso tenga, de cara al mundo, la relevancia de la decisión que adoptó en septiembre del 2013, cuando se consideró en condiciones de investigar crímenes cometidos durante el franquismo. «Constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal», explicó en su sentencia. Una prueba más, según quienes la ponderan, de que esta mujer es inmanejable.