Forcadell apelará a la libertad de expresión para defenderse ante el TC

En contra del criterio rupturista de la CUPCUP y de ERC, tanto el Parlament como institución como los miembros de la Mesa de la Cámara y su presidenta acudirán de nuevo al amparo del Tribunal Constitucional (TC) en el conflicto soberanista. Esta vez, pidiéndole que reconsidere la resolución que de entrada suspende el último desafío independentista: las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente, votadas por Junts pel Sí y la CUP en un accidentado pleno parlamentario el pasado 27 de julio.

Los anticapitalistas de la CUP y dirigentes de Esquerra como Joan Tardà opinan que no hay que recurrir más a una institución, el TC, que la propia declaración del Parlament del pasado 9 de noviembre calificaba de deslegitimada para juzgar las decisiones de Catalunya, que a partir de entonces no se "supeditarán" al alto tribuna. Pero el argumento de la mayoría de la Mesa y de su presidenta, Carme Forcadell, es claro: para poder recurrir a instancias internacionales hay que haber agotado antes todas las vías estatales.Y es que para la presidencia del Parlament la llamada internacionalización del conflicto es un elemento clave del mismo, como lo es para el Govern, que mantiene contactos fluidos y discretos con cancillerías de diversos países, interesadas por la evolución del conflicto.

El TC avisa al Parlament de que debe frenar el proceso constituyente

LOS ARGUMENTOS

Forcadell apelará a un principio básico consagrado en la Constitución, en el artículo 20 del título primero, sobre derechos y deberes fundamentales: la libertad de expresión. Y definirá su defensa en términos jurídicos y también políticos con la vista puesta, según fuentes parlamentarias, en la posibilidad de acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Otro probable argumento político de la presidenta y exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) consistirá en cuestionar la capacidad del propio TC para imponer sanciones penales. Recordará en este sentido que fue el Gobierno del PP el que, en el último suspiro de la legislatura que acabó el pasado año, introdujo una modificación exprés que permite al TC imponer multas y sanciones a quienes incumplan sus resoluciones o advertencias, como ha sido el caso de la declaración del Parlament. Una reforma polémica que, según recordará Forcadell al propio TC, está pendiente del recurso que han presentado las comunidades de Catalunya y Euskadi y el PSOE.

Forcadell se puede escudar en una actuación parlamentaria en la que no ha sido ella sino el pleno el que ha tomado la última decisión respecto a la aprobación del texto sobre el proceso constituyente. Pero quiere insistir en la naturaleza política del conflicto porque, según fuentes cercanas a la presidencia del Parlament, es de prever que el TC no estime favorablemente las alegaciones que le lleguen desde Catalunya y el conflicto político cobre toda su dimensión, en especial si el Constitucional decide derivar el caso a la vía penal.

LA RESPUESTA DEL PARLAMENT

Los servicios jurídicos del Parlament trabajan en varios argumentos para defender a la institución: el primero es que no tiene sentido anular unas conclusiones --las del llamado proceso constituyente-- que ya eran públicas toda vez que la comisión de estudio creada a tal efecto para estudiar este proceso (el camino a seguir para fundar una nueva organización institucional y política) había ya aprobado, el 20 de julio, un texto de conclusiones de los distintos grupos que fue publicado por el boletín del Parlament. El TC considera que esas conclusiones emanan de la polémica declaración de "desconexión" aprobada el 9 de noviembre.

El Parlament responde que se trata de dos textos no vinculables, toda vez que el del 9-N contó con los votos de Junts pel Sí y la CUP mientras que las conclusiones iniciales contaron también con la participación de Catalunya Sí que es Pot, partido presente y activo en la comisión de estudio, pese a que finalmente no participó en la votación final del pleno porque discrepaba del texto pactado entre los partidos independentistas. Texto que, por cierto, elevaba el tono rupturista que ha sido incluso cuestionado por la principal plataforma soberanista en favor del proceso constituyente, ReiniciaCatalunya.cat.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"La decisi\u00f3n la tom\u00f3\u00a0el pleno y no la Mesa","text":"En la mec\u00e1nica de aprobaci\u00f3n de estas conclusiones el Parlament tambi\u00e9n halla motivos de defensa. En primer lugar, argumentando que la Mesa de la C\u00e1mara\u00a0no calific\u00f3 el escrito de la comisi\u00f3n. No lo valor\u00f3 ni positiva ni negativamente, se limit\u00f3 a \"tomar nota\". De hecho no entr\u00f3 en el orden del d\u00eda. Alegan los juristas que si, meses atr\u00e1s,\u00a0cuando la Mesa\u00a0hab\u00eda aceptado tramitar\u00a0una moci\u00f3n de la CUP claramente rupturista\u00a0determinados grupos se quejaron de que se\u00a0hab\u00eda incurrido en un posible acto ilegal, no tiene sentido esta vez juzgar a la Mesa por haber hecho lo contrario. A\u00f1adir\u00e1 tambi\u00e9n que la decisi\u00f3n final la tom\u00f3 el pleno del Parlament.Tambi\u00e9n\u00a0se invocar\u00e1n probablemente argumentos pol\u00edticos, basados en la defensa de la libertad de expresi\u00f3n. Como en conflictos anteriores, los juristas pueden alegar que una C\u00e1mara puede debatir cualquier contenido, en democracia, incluidas cuestiones que desborden el marco institucional actual. Como en la conocida \"desconexi\u00f3n\" del 9-N, se viene a alegar que se trata, en suma, de una\u00a0mera\u00a0declaraci\u00f3n de intenciones. Algo que choca con la vehemencia con la que se defiende en el pleno el contenido de lo acordado y su trascendencia."}}