Los focos judiciales del 1-O

Es cierto que el Parlament ha proclamado en varias ocasiones el derecho de Catalunya a la autodeterminación. Pero nunca como el 9 de noviembre del 2015 (para enojo de los más moderados en Convergència i Unió), la Cámara dio un salto gigante al proclamar la desconexión respecto al Estadodesconexión, el objetivo de comenzar la tarea hacia la creación del Estado propio y el total desprecio a las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional (TC).

Esa declaración -clave en las negociaciones de Junts pel Sí y la CUP para lograr una investidura- fue suspendida primero y anulada después por el alto tribunal, que actúa contra todos los actos que se entienda que cuelgan de esa declaración. Desde entonces, la presión judicial contra cualquier salto adelante del soberanismo ha sido total e inmediata. Y ello es así cuando todavía colean las consecuencias penales del proceso participativo, que no referéndum, del 9 de noviembre del 2014.

El 13 de marzo, tras un juicio de largo recorrido político y mediático, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitaciónArtur Mas  por desobediencia por impulsar la celebración de la consulta pese a la advertencia del TC y lo absolvió del delito de prevaricación. La sentencia del TSJC condena también por el mismo motivo a un año y nueve meses de inhabilitación a la exvicepresidenta y 'exconsellera' de Governació Joana Ortega, y a un año y medio a la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau. 

"No quemar cartuchos"

El día en que se conoció la sentencia no hubo manifestaciones en las calles ni acto de protesta alguno que convocaran las entidades independentistas. "Se trata de no quemar cartuchos", alegan las asociaciones. Mas ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un recurso basado en la Constitución española. Alega  que se vulneran cinco preceptos de la Carga Magna, entre ellos varios derechos fundamentales. Ortega y Rigau también han recurrido sus condenas.

Mas ha apelado a la Constitución a la hora de recurrir la sentencia de dos años de inhabilitación

El abogado de Mas, Javier Melero, defiende que la sentencia infringe varios artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, entre ellos la aplicación indebida del delito de desobediencia por el que fue condenado, y apunta a un "error" en la apreciación de la prueba. El letrado también invoca la vulneración de varios artículos de la Constitución: el artículo 24, que reconoce el derecho a la presunción de inocencia, a un proceso público con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva; el 14, que fija que todos los españoles son iguales ante la ley "sin que pueda prevalecer discriminación"; el 16, sobre libertad ideológica; el 25, que establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, y los artículos que garantizan la libertad ideológica, de expresión y el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos.

La condena a Homs

Por su parte, el que durante el 9-N era 'conseller' de Presidència, Francesc Homs, fue condenado por el Supremo a 13 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos y funciones de gobierno y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia.

Aparte de esta sentencia, el Tribunal de Cuentas ha abierto un juicio contable juicio contable que estudia si los investigados han de pagar de su bolsillo el dinero que costó a las arcas de la Generalitat la organización del proceso participativo del 9-N, más de 5,2 millones de euros. El tribunal ha desestimado el archivo de la causa solicitado por el Govern. Es más, la consejera del Tribunal de Cuentas y exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante ha acordado proponer el nombramiento de un delegado instructor para que practique diligencias. 

La Mesa del Parlament y la libertad de expresión

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros soberanistas de la Mesa Lluís Corominas (que ha cedido la vicepresidencia primera a Lluís Guinó), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat, como Corominas) y Joan Josep Nuet (EUiA) están acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación por permitir tramitar las dos resoluciones sobre el referéndum que se aprobaron en el debate de política general. 

El caso está en fase de instrucción por el TSJC. Además, Forcadell tiene otra querella por la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. En este caso solo es Forcadell quien tiene una querella por permitir un cambio en el orden del día del pleno que hizo posible que se votaran dichas conclusiones sin pasar por la Mesa.

El pasado 14 de febrero, el TC anuló las resoluciones a favor del referéndum adoptadas el 6 de octubre pasado. En su resolución, por unanimidad, los magistrados optaron por deducir testimonio para que sea la fiscalía la que decida si ha de actuar penalmente contra el incumplimiento de sentencias del TC.

Forcadell ha avisado de que volvería a actuar igual y no piensa ejercer de "censora" a instancias del TC

Los señalados son Forcadell, Corominas, Simó, Barrufet y Nuet. Es la segunda vez que el TC insta a la fiscalía, porque cuando se aprobaron las resoluciones del referéndum en octubre del 2016, instó ya al ministerio público a decidir si investigaba a Forcadell por haber permitido, en este caso, la votación de las conclusiones de la comisión de estudio sobre el proceso constituyente, unas conclusiones que abren la vía unilateral hacia la independencia.  

Forcadell –exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)– ha insistido una y otra vez en que "lo volvería a hacer" porque su obligación es permitir el debate de cualquier asunto en la Cámara y no hacer de "censora" a instancias de la fiscalía o el TC. La fiscalía, en efecto, el 23 de febrero, decidió querellarse por segunda vez contra Forcadell –y los miembros soberanistas de la Mesa– por desobediencia y prevaricación por permitir la aprobación de la resolución sobre el referéndum. El fiscal solicita que la nueva acusación contra Forcadell se acumule a la causa que se instruye en el TSJC.

Una querella preventiva por el uso de las urnas

El 9 de mayo, nada más publicarse el acuerdo marco para la homologación de empresas que opten a fabricar 8.000 urnas, la fiscalía anunció una querella -que tardó varios días en hacer efectiva- contra los responsables del anuncio.

En concreto, y a instancias de la fiscalía, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) imputó a Meritxell BorràsMeritxell Borràs, 'consellera' de Governació, y Francesc Esteve, exsecretario general de Governació y actual director de los servicios jurídicos de la Generalitat, desobediencia, prevaricación y malversación por licitar el concurso de empresas que debían optar a fabricar urnas. Aunque el concurso fue finalmente declarado desierto, la querella sigue, e incluye cuestiones como la participación de Borràs en un gran acto independentista en Barcelona.

En la aceptación de la querella, el TSJC recuerda que la ley de presupuestos que la Cámara catalana aprobó el pasado mes de marzo contempla partidas destinadas a garantizar un "proceso refrendario sobre el futuro político" de Catalunya. El TSJC se remite al escrito de la fiscalía para referirse a la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre del 2015, posteriormente declarada inconstitucional, "con la voluntad de creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

Borràs ha acusado al Estado de ser "urnafóbico y demofóbico". El Govern "no tolerará amenazas e intimidaciones", proclamó Neus Munté. Desde entonces, el Govern ha impuesto el mutismo sobre la compra de urnas si bien Puigdemont ha sugerido que ya las tiene atadas. 

Las palabras de Vidal abren otra vía de agua

El caso está motivado por las declaraciones del exmagistrado y entonces senador por ERC Santi Vidal, en diversas conferencias, en las que aseguraba que la Generalitat dispone de forma ilegal de todos los datos fiscales de los catalanes. Lo investiga el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene el secreto del sumario. Y esta cuestión –la prórroga del secreto del sumario– es una de las motivaciones de la denuncia presentada por el Govern contra los interrogatorios de la Guardia Civil a diversos cargos y representantes del Govern (Joaquim Nin, secretario general de Presidència, y Jaume Clotet, director general de Comunicació, entre otros).

Políticamente, las palabras de Vidal generaron un terremoto. El Govern tuvo que desmentir con rotundidad que el exmagistrado estuviera diciendo la verdad, y a los pocos días Vidal dimitía. Poco después se creaba una comisión de investigación en el Parlament que Junts pel Sí y la CUP dinamitaron al vetar todas las comparecencias solicitadas por los grupos de la oposición.

La investigación de la Guardia Civil se centra en dos cuestiones: la página web del Pacte Nacional pel Dret a Decidir (por si ha sido sufragada con dinero público en su creación inicial) y la campaña para fomentar el registro de catalanes en el Exterior, por si incitaba a la celebración del referéndum. Los imputados en el caso son Vidal; Lluís Salvadó, secretario de Hisenda de la Generalitat, y Carles Viver Pi-Sunyer, director del Institut d’Estudis per a l’Autogovern. El juez ha mostrado su apoyo a la labor desempeñada por la Guardia Civil. 

El dinero para el referéndum, vetado

El TC ha suspendido la parte de los presupuestos de la Generalitat que hace una referencia explícita a la partida económica para el referéndum, tras el recurso contra las cuentas presentado por el Gobierno central. El recurso abre otra vía más drástica, pues sienta las bases para una actuación penal contra el Govern de JxSí. La Moncloa solicita al TC que notifique "personalmente" su providencia al 'president', Carles Puigdemont, a todos los 'consellers', así como a los secretarios del Govern y de Vicepresidència, a la interventora general de la Generalitat, al director de contratación y al director general de Presupuestos.

Además, pide que se les advierta de su deber "de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión" que se decrete y que se "abstengan" de adoptar acuerdos para disponer de las partidas impugnadas o de hacer remiendos para sufragar el referéndum por otras vías. "Todo ello con el apercibimiento de las correspondientes responsabilidades, incluso penales", según enfatizó la providencia del tribunal.

El TC admitió  el recurso del Gobierno y advirtió, con nombres y apellidos, al presidente de la Generalitat, a los consellers, al secretario del Govern, al secretario de Vicepresidència, a la interventora general, al director de contratación y al director general de presupuestos. El Consell de Garanties Estatutàries y los letrados del Parlament también han advertido de la inconstitucionalidad de las partidas para el referéndum. Puigdemont asegura que el Govern "plantará cara".