El fisco propio y la cota 7.000

Un cambio total. El modelo tributario para una Catalunya independiente (o menos dependiente) debe pasar por una relación cooperativa con el contribuyente y menos basada en el control. Es una de las conclusiones del diseño coordinado por Joan Iglesias, responsable del programa para una nueva administración tributaria, dependiente de Presidència ¿Los referentes? Australia y Suecia, con políticas fiscales distintas, pero una gestión innovadora y eficiente.

En Europa se estima que la plantilla óptima para una administración fiscal son 1.000 empleados por cada millón de habitantes, lo que en Catalunya supondría 7.000. «Pero ese es el óptimo», dice Iglesias, que ha bautizado el modelo catalán como Smart Tax.CAT, con rasgos como el acceso ilimitado a los datos propios en un entorno de contribuyente «como cliente» y de facilidades para los cumplidores.

En todo caso, el nivel ideal contrasta con los 325 empleados que tiene la Agència Tributària de Catalunya (ATC) que, en el nuevo esquema, no sería más que una pieza en un gran puzle. En resumen, el número de empleados no equivale ni a la altura del Tibidabo, cuando en una situación ideal debería equivaler a las cimas del Himalaya.

Los distintos trabajos de representantes de las universidades, Esade, KPMG, PwC, Deloitte o la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), entre otros, en los que se ha apoyado Iglesias, proponen crear seis nuevos entes: el Servei Català de Gestió d'Ingressos (SCGI), bajo el que habría cuatro agencias: la ATC (ya existente), dedicada al control; la Agència Catalana de Recaptació d'Ingressos (ACRI); la de Comerç Exterior (ACCED) y la de Propiedad Inmobiliaria (ACPI), una especie de Catastro. Además, a la dirección general de Tributos se sumaría la Junta de Tributs y dos entes nuevos: el Institut d'Estudis Tributaris (IETC) y la Oficina Catalana de Fiscalitat Internacional (OCFI). Todo bajo la tutela del conseller de Hacienda y otros dos nuevos entes: el Consell Fiscal y el Síndic del Contribuent, supervisados por el Parlament. Además, existiría un Servei d'Informàtica Tributària de Catalunya (SITC).

Según Iglesias, es un modelo más descentralizado y controlado que el español. A su entender, es una estructura de Estado que, con la excepción de las aduanas, «cabe en el marco jurídico actual». ¿Y su coste? «Es un modelo. Corresponde al Govern convertirlo en todo caso en proyecto», concluyó.