La justicia, en 'stand by' a la espera de Puigdemont

Pese a la división de poderes, la grave crisis de Estado que se vive en Catalunya ha conducido a que una parte sustancial del mundo judicial, esto es, el Tribunal Constitucional y la fiscalía, permanezca quieto a la espera de conocer qué respuesta da el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento de La Moncloa para que aclare si proclamó o no la independencia de Catalunya. En otras sedes, como el Tribunal Superior de JustÍcia de Catalunya (TSJC) o juzgados de instrucción catalanes, los casos abiertos siguen aparentemente su curso, mientras la Audiencia Nacional se pronunciará sobre los primeros imputados por sedición este lunes, justo en el momento en que se cumple el límite para que el 'president' responda al Gobierno central, que avisa de que puede desplegar el artículo 155 de la Constitución.  

En la Audiencia, la jueza Carmen Lamela tomará de nuevo declaración al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Carmen Laplana y los presidentes de las asociaciones independentistas Assemblea Nacional Catalana (ACN) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los cuatro, pero sobre todo Sànchez y Cuixart, se juegan mucho.

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Aunque la decisión definitiva no se tomará hasta escucharles y, según fuentes jurídicas, tanto desde el PP como el PSOE se lanzan mensajes para que no se opte por una medida excesiva, la fiscalía se inclina por pedir prisión para ambos, ya que la sedición se castiga con hasta 15 años de cárcel (más que la integración en organización terrorista). Entiende que existe reiteración delictiva, dado el ascendente demostrado en las movilizaciones ciudadanas, y el cambio de sede que realizaron en plena operación Anubis que podría haber supuesto destrucción de pruebas. Con estos mimbres el ministerio público puede justificar sobradamente esa medida cautelar.

Pero, además, del 'sí' o el 'no' del 'president' dependerá que se acentúe la "asfixia judicial" prevista en la hoja de ruta del proceso independentista intervenida al secretario general de la vicepresidencia económica de Catalunya, Josep Maria Jové. 

Tanto la fiscalía como el Tribunal Constitucional siguen atentos los acontecimientos, por si deben entrar en escena de nuevo. El alto tribunal se adelantó a los acontecimientos y anuló cualquier "vía de hecho" en pos de la independencia, pero deberá reaccionar ante nuevas impugnaciones que la Abogacía del Estado o cualquier partido pueda presentar al respecto.

Querella por rebelión

Si la respuesta de Puigdemont es afirmativa, la fiscalía se querellará de nuevo contra él. Las fuentes consultadas dan por consumada la sedición y consideran que existiría una rebelión "de libro", si hubiera declarado la independencia. El artículo 472 del Código Penal castiga a los que "se alzaren violenta y públicamente" para derogar, suspender o modificar la Constitución; destituir al Rey, o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Cualquiera de estas tres vías parecen atribuibles a una declaración de una república catalana.

El requisito de violencia necesario para que se dé este delito se entendería ya cumplido con la "coactiva" vivida el pasado 20 de septiembre en las concentraciones que obstaculizaron la labor de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a realizar 14 arrestos y más de 40 registros. Lo que pasó entonces, capitaneado por la ANC y Òmnium, forma parte de un plan preconcebido encaminado a lograr la independencia, según el último informe de la Guardia Civil aportado en la Audiencia Nacional, que incluye, además, lo ocurrido hasta el 1-O.

Tribunal competente

El fiscal general del Estado se ha reunido con los 10 fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para determinar dónde presentar la querella. La rebelión, penada con hasta 25 años de prisión, podría corresponder a la Audiencia Nacional, si Puigdemont perdiera el fuero de suspenderse el Govern al aplicarse el artículo 155. No obstante, Artur Mas fue juzgado por el tribunal superior catalán por el 9-N, pese a haber dejado de ser ya presidente.

Siguiendo ese criterio, la nueva iniciativa fiscal se interpondría ante el TSJC, donde ya se investiga al 'president' por desobediencia, prevaricación y malversación por haber convocado el referéndum ilegal. Pero los expertos no ven descabellado hacerlo ante el Tribunal Supremo, al ser la rebelión un delito de resultado, cuyos efectos -separar una parte del territorio- se extienden a todo el Estado con consecuencias económicas en toda España.