La Fiscalía pide al TSJC que ordene a los ayuntamientos quitar los carteles pro 1-O

La Fiscalía catalana ha aumentado la presión sobre los municipios catalanes partidarios del referéndum del 1 de octubre. En la querella presentada este jueves contra Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Associació de Municipis per la Indepèndencia (AMI), y su homólogo de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y regidor de Premiá del Mar, Miquel Buch, pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que se envíe un oficio a los alcaldes catalanes para que retiren los carteles que promuevan la participación en la consulta.

El texto solicita advertir a los responsables municipales, "con los apercibimientos legales", de que deben impartir "las instrucciones precisas a fin de impedir que se facilite cualquier tipo de recurso personal o material para el referéndum, y singularmente, la prohibición de imprimir, colocar o difundir por cualquier medio carteles de fomento de la participación o a favor del Sí, debiendo retirar, en su caso, los que ya se hayan colocado".

A la querella contra los alcaldes, por desobediencia, prevaricación y malversación, se ha sumado otra contra los miembros de la sindicatura electoral por usurpación de funciones, desobediencia y malversación. Con ellas son cuatro las interpuestas por el ministerio público para frenar el 1-O, contando la interpuesta contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el Govern y la última, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y miembros de la Mesa. 

Dada la condición de aforada de Lloveras será el TSJC quien se pronuncie sobre la solicitud fiscal que incluye el cese de la actividad de las webs municipisindepencia.cat y acm.cat, porque promueven un referéndum ilegal secesionista, medida que, añade, debe ser adoptada respecto "de cualquier medio de comunicación telemático, red social o web, que realice la misma actividad". La querella de la sindicatura, interpuesta sin respetar el plazo de 48 horas que le dio el Tribunal Constitucional para realizar alegaciones, corresponde a los juzgados de Instrucción de Barcelona.  

Actos de promoción y organización

La Fiscalía atribuye a los responsables de la AMI y la ACM haber "realizado actos inequívocos de promoción y organización de esta inconstitucional convocatoria referendaria". Así, señala que "apenas unos minutos después de haber sido aprobados" la ley del referéndum y el decreto de convocatoria desde la cuenta de correo ami@ami.cat se envió una comunicación a todos los alcaldes para promover decretos de la alcaldía en apoyo a la consulta.

El día 10 Lloveras remitió un nuevo correo en el que hacía llegar a los alcaldes un informe sobre la Ley del Referéndum del SitxCat (grupo de funcionarios públicos vinculado a la Asamblea Nacional Catalana) en el que se defendía la legalidad de la consulta. Dos días después en otro email se informaba del comienzo de la campaña electoral y se enviaban los carteles electorales.

"Con estas conductas los querellados, como responsables públicos municipales y máximos responsables de sus respectivas asociaciones han puesto de manifiesto su total desprecio ante los reiterados pronunciamientos del Constitucional, y su firme e inequívoca intención de utilizar las plataformas de AMI y AMC para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes a fin de que promuevan la organización y celebración de un referéndum a todas luces inconstitucional", afirma el fiscal.

Lo han hecho, prosigue la querella, "dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales, y comprometiendo con ello una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva".

Entre las medidas cautelares se prevé la exigencia de fianza a Lloveras y Buch y, en su caso, "embargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije". Además, se insiste en la instrucción  enviada a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra para requisen urnas, sobres electorales, manuales para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, carteles de participación y elementos informáticos.

Usurpar funciones

La querella presentada contra Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge, Josp Pagés, Josep Costa y Eva Labarta, titulares y suplentes de la sindicatura electoral de Catalunya, sostiene que se saltaron la suspensión acordada por el alto tribunal el pasado día 7 al nombrar a los miembros de las demarcaciones de L'Aran, Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona.

En opinión de la fiscalía con ese nombramiento, "los querellados actuaron con el propósito de suplantar o falsear la realidad administrativa ocultando la suspensión constitucional de la ley que le habilita". Con ello siguieron insistiendo en que "la sindicatura forma parte de la administración electoral, conjuntamente con las sindicaturas electorales de demarcación, las mesas electorales y la administración electoral del Gobierno de la Generalitat", pese a saber que había sido suspendida.

Según el fiscal, "su actuación, obviando los mandatos del Constitucional, compromete directamente los fondos públicos en tanto que el mantenimiento de la sindicatura suponer necesariamente 'la percepción de retribuciones' por parte de sus miembros, que siguen desarrollando una función retribuida conscientes de la ilicitud del gasto".