La fiscalía se querella contra Camps por el negocio de la F-1

Nuevo problema judicial para Francisco Camps. Esta vez por su papel en la contratación del gran premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia entre el 2008 y el 2012. La Fiscalía Anticorrupción interpuso ayer una querella en la que aprecia indicios de delito continuado de malversación y prevaricación en la actuación del expresidente de la Generalitat Valenciana por considerar que «eludió todos los procedimientos administrativos de contratación pública, interponiendo una empresa privada, sabiendo que quien iba a desarrollar el proyecto era una empresa pública», por lo que le acusa de actuar «con consciente desprecio hacia la legalidad vigente».

Anticorrupción también señala a la exconsejera de Cultura, Educación y Deportes Lola Johnson por malversación, prevaricación y delito societario. Concluye el fiscal que Johnson «engañó» a los miembros de la sociedad pública Circuito del Motor y que, siguiendo órdenes de Camps, firmó en el 2011 «por la vía de urgencia» y «sin aportar un solo documento» la compra de la empresa Valmor Sports por parte del Gobierno valenciano al precio de un euro para poder seguir celebrando en la ciudad el gran premio, tal como el presidente le había garantizado personalmente al magnate de la F-1 Bernie Ecclestone.

Según la fiscalía, Camps «negoció directamente» con Ecclestone y Johnson ejecutó las directrices, pero el caso tiene una tercera pata fundamental: al expiloto y empresario Jorge Martínez Aspar -propietario de Valmor- se le considera «cooperador necesario» de los delitos que habrían cometido los políticos.

En el 2006, Camps mantuvo varias reuniones con Ecclestone para que la prueba se celebrase en Valencia. Ante la «exigencia» del magnate de «negociar directamente» con el presidente de la Generalitat, este «garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat la viabilidad del proyecto». Pero como esta garantía debía ir acompañada de los requisitos económicos y jurídicos propios de cualquier contratación pública, decidió que su «amigo» Aspar «crease una sociedad para organizar la prueba y que se pudiera beneficiar con ello».

SIN LICENCIA NI INFRAESTRUCTURA / Valmor, con 12 trabajadores, estaba incapacitada para organizar la prueba porque «carecía de infraestructura y de licencia federativa», sufrió pérdidas desde la primera edición de la carrera y, desde el 2008, Camps «rescató» dos veces a la empresa.

El escrito sostiene que el 19 de julio de 2011 -un día antes de su dimisión- el presidente valenciano ordenó firmar a Johnson el contrato por el que la Generalitat avalaba a Valmor. La operación, que supuso la condonación de más de 14 millones de euros a la empresa, supuso que las arcas valencianas tuviesen que asumir más de 31 millones de deuda frente a terceros.