La fiscalía presentará una querella contra Mas y Ortega por el 9-N

El Gobierno y el PP han optado, otra vez, por responder en los tribunales al desafío soberanista. Por ello, la Fiscalía Superior de Catalunya tiene previsto presentar en las próximos días una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega, por los delitos de desobediencia y prevaricación y estudian si incluyen a la 'consellera' de Educació, Irene Rigau, tras haber descartado imputar al de Interior, Ramon Espadaler, al que se le atribuía por error estar detrás de la fabricación de las papeletas.

Fuentes fiscales han explicado que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se pasó el fin de semana y el lunes festivo en Madrid con su equipo de asesores estudiando la reacción de la fiscalía a la celebración del proceso participativo. El sábado ya pidieron información a la Generalitat para identificar a los organizadores del 9-N. Estos datos han servido de base para la querella que está previsto presentar en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La demanda ha sido redactada en Madrid, pero ha sido revisada por los fiscales de Barcelona que este martes por la tarde estudiaban si incluían o excluían de la misma a Espadaler y a Rigau. Fuentes fiscales han informado de que en el texto está bien "articulada" la comisión de un delito de desobediencia por no haber acatado el mandato del Tribunal Constitucional que el pasado 4 de noviembre suspendió el proceso participativo. Este delito está castigado con multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.

Estas fuentes apuntan que en la querella está menos apuntalado el delito de prevaricación porque este proceso participativo no se ha apoyado en ningún decreto firmado por Mas, en contra de lo que ocurrió con la primera consulta cuyo decreto de convocatoria también fue suspendido por el TC, igual que la ley de consultas el 29 de septiembre. Este delito está castigado con inhabilitación para empleo o cargo público de siete a 10 años. También se están estudiando otros posibles delitos.

LOS TIEMPOS

El fiscal del Estado explicó durante una visita a Logroño su posición y negó las acusaciones que desde el Gobierno y el PP catalán le lanzaron el fin de semana. Torres-Dulce negó "la inacción" de la fiscalía y recalcó que este organismo tiene su propio ritmo. "Los tiempos de la fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos", sentenció. De este modo, respondía a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, que se convirtió en portavoz de la fiscalía unas horas antes cuando anunció en Telecinco que se iba a presentar la querella por los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Sin embargo, el fiscal del Estado explicó que sus subordinados en Catalunya iban a "trabajar primero en si los hechos son delictivos, después en determinar de qué delitos se trata y finalmente las posibles personas responsables". También recordó que la fiscalía de Catalunya se opuso el domingo a que se retirasen las urnas al considerarlo una medida desporporcionada, pero reveló que el ministerio público ha recurrido las resoluciones de los jueces de guardia que archivaron las querellas presentadas por partidos políticos y particulares por la celebración del 9-N.

El fiscal del Estado también consideró ofensivo que desde el PP catalán se haya transmitido la idea de que la actuación de la fiscalía había sido instada por el Ejecutivo. "Es ofensivo" para el Gobierno y la fiscalía que "alguien pueda pensar que un Gobierno central o autonómico dé instrucciones" sobre como actuar. Es "ilegal, ilícito y delictivo", apostilló.

MALAS RELACIONES

No obstante, otras fuentes han asegurado que las relaciones de Torres-Dulce con el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, no atraviesan su mejor momento y en los mentideros de la capital se comenta que el Ejecutivo de Rajoy quiere otro fiscal del Estado. Pero desde la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, ya no se puede cesar a los fiscales generales porque tienen garantizado su puesto durante cuatro años y solo pueden dejar su cargo por incumplimiento de sus funciones, enfermedad o renuncia. Por ello, es decisión personal de Torres-Dulce abandonar este cargo.

El PSOE se descolgó este martes de la esta estrategia de Rajoy con contundencia. El líder socialista, Pedro Sánchez, afirmó: "España no se defiende a golpe de querellas sino con política. Ya va siendo hora de que dejemos atrás los tribunales". Una actitud que contrasta con el apoyo que había dado hasta ahora el PSOE a la presentación de los recursos contra el Govern ante el TC.

El desobedecido, es decir, el Tribunal Constitucional, no tiene previsto mover ficha esta semana. Sus miembros consideran que ya se sienten amparados con la actuación de la fiscalía y lamentan, según fuentes jurídicas, que el PP "se aproveche de todas las instituciones judiciales" en lugar de hacer política.