La fiscalía presenta la versión más dura de la querella contra Mas

La fiscalía presentó ayer la versión más dura de su anunciada querella contra el president, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, por cuatro delitos por «haber planificado, auspiciado y financiado» la votación del 9-N. La querella se presentó en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Este organismo tendrá que admitirla a trámite, designar a un instructor y citar como imputados a los querellados.

La demanda se redactó en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que dirige Eduardo Torres-Dulce, y coincide con la propuesta remitida desde Madrid a sus colegas en Barcelona la pasada semana. Los fiscales del TSJC rechazaron aquel borrador en sendos dictámenes que remitieron el pasado lunes a Madrid al solicitar la convocatoria de la junta de fiscales de sala.

En la querella se acusa al Govern de desplegar «una conducta incompatible» con la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de noviembre. Y mantiene que los querellados «han participado de manera personal y directa» en la celebración del 9-N.

La votación alternativa se articuló a través de una página web y para los fiscales supuso «la realización, por otros medios, del designio original» de celebrar una consulta que ya había sido suspendido por el TC. Asimismo, el ministerio público consideró que las decisiones adoptadas por la Generalitat tras la suspensión del TC «confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones (...) conforme a Derecho». Y que sus decisiones, «escritas o no, les han situado extramuros del ordenamiento jurídico» porque solo buscaban «hacer prevalecer su voluntad « sobre los mandatos del TC».

ORDEN TAJANTE / La querella imputa a Mas, Ortega y Rigau una desobediencia grave, usurpación de funciones públicas, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Para la fiscalía, la suspensión del TC fue «una orden absoluta, tajante e inequívoca». Por ello, asegura que las resoluciones del TC «son vinculantes»  para el Govern. Además, los fiscales acusan a la Generalitat de llevar a cabo «una camuflada retórica al servicio del incumplimiento» del  mandato del TC.

LOS TRÁMITES / EL TSJC tiene ahora que admitir o no esta querella y designar un magistrado instructor. La fiscalía quiere, además de oír a los querellados, recabar toda la documentación posible para apuntalar los delitos.

El culebrón de esta querella se inició el pasado día 10 de noviembre, cuando una información en la que anunciaba su presentación, filtrada a un medio de comunicación, fue repetida un día después en una televisión por la dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, dándolo por hecho. Mientras, el fiscal Torres-Dulce ya había movido ficha al ordenar que se incoaran unas diligencias el pasado día 8. Y el fiscal general remitió el lunes 10 a sus subordinados en Barcelona «unas reflexiones» sobre los delitos cometidos.

Hasta el jueves de la pasada semana, la fiscalía general estaba convencida de que los fiscales del TSJC presentarían la querella, aunque solo por el delito de desobediencia. Sin embargo, el fiscal superior de Catalunya,  José María Romero de Tejada, cambió de opinión tras oír durante dos sesiones a sus compañeros. Torres-Dulce le ofreció una última salida antes de convocar a la junta de fiscales de sala el pasado lunes, pero Romero de Tejada también se negó a presentar la querella en nombre del fiscal del Estado.

La junta de fiscales de sala, reunida el pasado miércoles, avaló la posición de la fiscalía general. En el debate prevaleció el criterio de que  el 9-N se celebró «por el ejercicio desviado de las funciones públicas» que ostentan los querellados, como reza la querella presentada ayer.

La demanda será defendida en el TSJC por los fiscales de este tribunal, aunque Torres-Dulce se reserva su facultad de elegir a su subordinado en Barcelona para actuar en el proceso o incluso mandar a uno de sus fiscales desde Madrid.