QUERELLA POR EL PROCESO PARTICIPATIVO
La fiscalía pide investigar a Homs por la consulta del 9-N
Margarita Batallas
Periodista
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
MARGARITA BATALLAS / MADRID / J. G. ALBALAT / BARCELONA
La Fiscalía del Superior de Catalunya quiere investigar al actual diputado en el Congreso Francesc Homs por el proceso participativo del 9 de noviembre del 2014 ante "la posible responsabiliad penal" en la que podría haber incurrido cuando era 'conseller' de Presidència. Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled han pedido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que instruye la causa contra <strong>Artur Mas</strong> por presunta desobediencia, que eleve una exposición razonada de inculpación al Tribunal Supremo por la condición de aforado del dirigente nacionalista.
La fiscalía sostiene que 'exconseller' tuvo "un comportamiento consciente e intencionado" de "indudable trascendencia" encaminado a garantizar que los preparativos de la consulta alternativa continuaran su curso, "soslayando" la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC).
El escrito de la fiscalía detalla que al conocer la suspensión del TC, la empresa T-Systems, que diseñó los programas informáticos para el desarrollo de la votación, requirió a la Generalitat que le informara de si debía o no continuar con dichas labores. Y desde el Gobierno catalán se le dijo que siguiera.
CONSULTA DE FELIP PUIG
Los fiscales desvelan la existencia de una carta del 6 de noviembre del 2014 en la que el entonces 'conseller' de Presidència responde a una consulta de Felip Puig, titular de Empresa i Ocupació y presidente del consejo de administración del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Generalitat (CTTI). Según relata Homs, los servicios encargados a T-Systems "no están explícitamente afectados" por la decisión del TC.
En opinión de la fiscalía, en esa carta Homs no solo legitima la continuación de los servicios, sino que contiene "la implícita advertencia" de las consecuencias de un eventual incumplimiento del contrato, pues pone a disposición del CTTI los servicios jurídicos de la Generalitat. La acusación destaca que, "en apoyo a sus informaciones", Homs indica que ha hecho consultas a los servicios jurídicos de la Generalitat y otros expertos juristas.
INTERÉS POLÍTICO
Homs ha asegurado este martes que la petición de la fiscalía no es una "casualidad", sino que responde al "interés político" del Gobierno en funciones del PP y al hecho de que él sea el jefe de un grupo parlamentario que puede ser "determinante" para una futura investidura del socialista Pedro Sánchez.
"Todo lo que se hizo entonces por parte del Govern de la Generalitat fue políticamente necesario y perfectamente legal. Y me sorprende que 14 meses después del 9-N, de pronto la fiscalía se dé cuenta de que yo estaba implicado en aquello. ¡Es un notición!", alegó el 'exconseller'.
En su escrito, la fiscalía también detalla hasta 10 supuestos incumplimientos de la resolución del TC cometidos por el Ejecutivo de Artur Mas. Del 'expresident' indica que, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", desatendió el mandato del Constitucional e "incumplió" la obligación de dejar sin efecto la convocatoria. Después desgrana la actuación de Joana Ortega, exvicepresidenta, y de la 'exconsellera' de Educació, Irene Rigau.
QUERELLAS RECHAZADAS
Por otra parte, el TSJC ha rechazado este martes las querellas de Manos Limpias y Unión Progreso y Democracia (UPD) contra Mas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios diputados por la declaración de ruptura aprobada en el Parlament. Los magistrados consideran que esta resolución, "fuera de su evidente ilegalidad e inconstitucionalidad", no constituye un delito de conspiración para cometer sedición, ya que no incluye "una proposición a los ciudadanos para que se alcen pública y violentamente".
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